El caso de una mujer presa en una cárcel de hombres en el estado de Zacatecas y en el que fue abusada sexualmente por uno de los custodios bajo los que estaba a cargo, ha puesto de manifiesto una más de los fallas que se cometen al interior del sistema penal mexicano y que por su gravedad ha llevado a la destitución tanto del director del Penal de Calera, como del director de Prevención y Readaptación Social del estado.
Si bien la identidad de la reclusa —involucrada en un caso de secuestro—, así como la del custodio que cometió el abuso en el reclusorio varonil al que fue ingresada no han sido difundidas a fin de no entorpecer las investigaciones ni para revictimizarla a ella, los hechos se registraron en agosto de 2018 y tuvo que pasar año y medio para que se tomaran cartas en el asunto, si la prensa no hubiera hecho público el caso. A consecuencia de ello, se revisaron los protocolos de actuación y hubo consecuencias para quienes detentaban niveles de alta responsabilidad por fallas en el sistema penitenciario.
El caso atrajo la atención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que inició en 2018 las investigaciones respectivas tanto por la agresión en sí, como por las condiciones en las que estuvo interna la mujer, quien fue ingresada en el penal varonil de Calera porque los procedimientos marcan que los imputados deben seguir su proceso en el centro penitenciario más cercano a su domicilio (asunto que recayó en la cárcel distrital de Calera). La acusada debió haber estado bajo resguardo exclusivo de personal femenino, tal y como lo marcan los protocolos del sistema penal, y jamás haber tenido contacto con custodios de sexo masculino en tanto se resolvía tu traslado al penal femenil de Cieneguillas, situación que se prolongó durante 29 días y que hizo circular acusaciones por la tardanza del sistema judicial en autorizar el traslado, cosa que ha desmentido el Tribunal Superior de Justicia del Estado, revirando la culpa hacia las autoridades penitenciarias que tardaron en solicitarlo al juez.
Se ve que en el caso existió desconocimiento e ignorancia o indolencia sobre a quién correspondía atender la denuncia: si al poder judicial o al poder ejecutivo, echándose uno al otro la responsabilidad del castigo. Está claro que la tardanza en revisar los casos y aplicar justicia redunda en lamentables hechos como el de esta mujer a la que no se le dieron las garantías de un trato justo y digno en lo que se definía su situación jurídica, con las consecuencias que ahora hacen necesaria una revisión a fondo de los procedimientos del sistema penal en su conjunto.
