Para el gobierno se trata simplemente de derroches, dinero que se tira a la basura y no tiene una utilidad práctica, visible o palpable. A pesar de todas las voces que se han alzado, de los argumentos expuestos, de las miles de firmas recabadas, de los kilómetros recorridos en marchas de protesta, de las horas de plantón, se trata de la decisión de un hombre que dice hacer lo que el pueblo le pide, y para lo que hasta propone consultas al menor reparo, pero que esta vez no parece dispuesto a ceder en no hacer lo que el pueblo no le pidió que hiciera.
El gobierno insiste en que los fideicomisos son organismos podridos por la corrupción, convertidos en cajas chicas de funcionarios deshonestos que se sirvieron por años de ellos con la cuchara grande. Incluso el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó en su momento que los fondos asignados a los fideicomisos quedaban sin ser utilizados; nadie disponía de los recursos ni beneficiaban a damnificados, científicos, investigadores, creadores o deportistas, aunque lo cierto es que los reclamos de afectados van en sentido contrario a las declaraciones.
Uno de esos 109 fideicomisos amenazados, el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), en estos instantes podría comenzar a demostrar su utilidad, ante el embate del huracán Delta en la península de Yucatán, y servirá como ejemplo de lo que podría derivar tras su cancelación.
A la administración actual del país parece olvidársele que todos los fideicomisos se crearon para fines lícitos en beneficio de sectores concretos de la población —lo mismo para atención de víctimas que para dar impulso a la ciencia o el arte—, y que muchos de ellos han demostrado haber sido manejados con transparencia y rendición de resultados.
Pero igual que en el caso de las guarderías y de los refugios para mujeres, se insiste de nuevo en que los recursos se harán llegar directamente a sus beneficiarios finales, sin pasar por el tamiz de un organismo que los administre. Y es aquí donde surge la primera contradicción: si la consigna es que el gobierno necesita esos recursos para encauzarlos a la atención de la pandemia, a la compra de equipos médicos, de medicinas y vacunas, ¿por qué también se asegura que el dinero seguirá a disposición de sus beneficiarios y cumplirá sus objetivos originales? ¿se trata entonces de una medida desesperada para atender una emergencia o de un ejercicio de garantizar transparencia en el manejo de recursos públicos?
Al desaparecer fideicomisos, el riesgo será garantizar que esos recursos estén disponibles en el momento oportuno y para el fin proyectado. ¿Habrá transparencia o se perderá de nuevo el control en su manejo?
