Expresidentes e impunidad

Editorial EL UNIVERSAL

Pese a estar vivo y tener abiertos en su contra más de 52 expedientes penales, así como de ser señalado como responsable directo de las masacres contra estudiantes y manifestantes tanto en 1968 como en 1971, el expresidente Luis Echeverría Álvarez no ha sido considerado dentro del grupo de expresidentes que podrían ser llevados a juicio por delitos cometidos durante el tiempo que estuvieron al frente de la Nación.

El señalamiento de esa ausencia ha sido hecho por el Comité ‘68 Pro Libertades Democráticas, organización que asegura que Echeverría es el único de entre el grupo de expresidentes vivos que carga con acusaciones públicas como genocida, de las que él se ha venido desligando desde hace más de 50 años y que no impidieron que continuara su labor como diplomático en el servicio exterior, una vez que dejó la presidencia, hasta su retiro en 1979.

Al expresidente se le acusa directamente de ser quien ordenó el atacar a los estudiantes reunidos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, además de responsabilizársele también por el denominado Halconazo del 10 de junio de 1971, así como por la llamada Guerra Sucia emprendida en el contexto del combate a la guerrilla mexicana en los años 70 e incluso por el golpe contra el periódico Excélsior en 1976.

Ahora, considerando la edad avanzada que el exmandatario tiene, no se trata ya de llevarlo a la cárcel, pero el fin de someterlo también a él a juicio es con el fin de hacer de él una representación simbólica de su culpabilidad, ya que en caso contrario y estando aún vivo, no incluirlo en el juicio confirmaría la impunidad con la que pudo haber cometido crímenes contra el pueblo cuando estuvo en el poder, tanto como secretario de Gobernación de Gustavo López Ordaz, como ya siendo presidente de la República.

Con todo y lo anterior, el juicio a expresidentes no debe convertirse en un espectáculo mediático ni una inquisición pública o un juicio sumario y revanchista, antes hay que cuidar que no se viole el derecho constitucional de presunción de inocencia, y aunque en teoría no habría que consultarse al pueblo para que la ley se aplique -lo que es ya de sí no una opción sino una obligación del Estado-, se pide que por lo menos se presenten pruebas de los delitos cometidos por estos exfuncionarios, pues de no hacerlo, se convierten en meros chivos expiatorios de los males que aquejan a México. Lo importante es, aunque tardío, hacer justicia y cancelar cualquier impunidad.

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