El espionaje es una herramienta de alta utilidad para desarticular bandas delictivas, atrapar a jefes del crimen organizado o para impedir actos terroristas. Ese es el objetivo de ese tipo de actividades en naciones consideradas democráticas que cuentan con importantes áreas de inteligencia, debidamente reguladas. En cambio, en países con sesgos autoritarios el objetivo es muy distinto: el espionaje se convierte en una herramienta de control y de intimidación, alentada por gobiernos cuya preocupación es mantener una hegemonía política.
La revelación de que, entre 2016 y 2017, más de 15 mil números de teléfonos de personas en México, incluidos los de al menos dos docenas de periodistas, se encuentran en una lista de posibles blancos de espionaje por medio del sistema de espionaje telefónico conocido como Pegasus, dibuja la preocupación del anterior gobierno federal por destinar recursos financieros, humanos y tecnológicos a la intercepción de mensajes de políticos, activistas y periodistas, en lugar de enfocarse en prioridades nacionales. Ningún otro país que adquirió ese sistema intentó vigilar tal cantidad de personas.
Se conoció también que entre las comunicaciones que pudieron haber sido intervenidas se encuentran las del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y al menos 50 personas de su entorno; entre ellas, su esposa, hijos, colaboradores y hasta su cardiólogo.
¿Se mantiene el espionaje en la actual administración? La respuesta rotunda –pública–, del gobierno es que se erradicó esa práctica. Aunque no aportó evidencias de sus dichos, no habría razón para contradecirla. Hace unas semanas varios periodistas señalaron que continúa el espionaje hacia ellos, a raíz de críticas al proyecto para integrar un Padrón Nacional de Usuario de Telefonía Celular. Incluso señalan al subsecretario que ordenó espiarlos. Aunque reservan el nombre de su fuente, no habría razón para contradecirlos.
Ante una petición que este diario hizo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que informaran si contaban con expedientes de espionaje a periodistas, la dependencia se declaró “incompetente” y remitió a la Secretaría de Gobernación. La única estructura con capacidad para labores de espionaje es el Centro Nacional de Investigación, adscrito a la propia Secretaría de Seguridad.
Tras haber sido sujeto de espionaje el sexenio pasado, el presidente está obligado a terminar por completo esta práctica y garantizar que nunca más se repita, pero esa certeza requiere evidencias de que existen controles legales que lo impiden, no solo palabras al aire.