Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que del total del universo de escuelas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) del país, hasta 75% de los planteles carecen de programas de protección civil, lo que deja en casi total indefensión tanto a alumnos como maestros y personal operativo ante contingencias naturales, como ha quedado expuesto esta semana en Oaxaca, con el paso del huracán Agatha.

De casi 200 mil planteles escolares con que cuenta el sistema de educación pública mexicano, tres cuartas partes no tienen planes de acción ni protocolos a seguir en caso de contingencias naturales como inundaciones, sismos, huracanes, deslaves, incendios o emergencias sanitarias. 

Lo anterior se da en una coyuntura en la que se han juntado varios factores, en especial en los planteles de zonas rurales o marginadas, que a la falta de programas de protección civil y además de los crecientes embates del cambio climático, las escuelas deben lidiar además con recortes y presupuesto escaso, mínimo de personal, vandalismo, robos y obsolescencia de equipos, materiales e instalaciones, que las vuelven mucho más vulnerables a desastres naturales y otras situaciones que pueden poner en riesgo a su población. 

Y eso en lo que respecta a situaciones de origen natural, ya que el estudio no considera otro tipo de situaciones como las de violencia social por parte de delincuencia organizada, las riñas colectivas o los movimientos de reacción popular antigubernamental, que con cada vez mayor frecuencia se vienen presentando en distintos puntos de la geografía nacional, y de las que lamentablemente no escapan los estudiantes de ningún nivel educativo. 

El estudiantado es la población más vulnerable y expuesta a cualquier tipo de contingencias, pues afecta tanto su salud e integridad física como mental, y el estrés al que puedan estar sometidos por estos riesgos, indudablemente golpeará su disposición y capacidad de aprendizaje, repercutiendo en el desempeño y aprovechamiento escolar. 

Por ello hay que considerar proyectos de mantenimiento mayor y sustitución de instalaciones —especialmente las más antiguas— por otras más modernas y erigidas bajo los protocolos más actualizados de construcción y seguridad estructural, así como capacitación constante tanto del alumnado como del personal docente y operativo para estar al corriente de lo más nuevo en materia de protección civil. 

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