El salto de público a privado

Editorial EL UNIVERSAL

Como una posible violación a la Ley de Austeridad que prohíbe a funcionarios trabajar en empresas privadas en los siguientes 10 años, el partido mayoritario en el Poder Legislativo, Morena, ha solicitado a la Secretaría de la Función Pública, así como a órganos internos de la Secretaría de Hacienda, proceder contra su ex Jefe de la Unidad de Legislación Tributaria, Luis Arturo Castañeda Rebolledo, tras de que éste dejó su cargo a principios de año para ocupar un puesto directivo en una empresa del sector privado, a la que podría proveer de información relevante del sector financiero y fiscal a la que tuvo acceso mientras fue funcionario público.

No debería darse la renuncia de un miembro en funciones de la actual administración, especialmente cuando se trata de personal que ha tenido acceso a información sensible que puede comprometer la actuación del gobierno, como lo fue el caso de Castañeda Rebolledo quien detentó puestos en los que manejó información privilegiada durante los 21 años que hizo carrera en la Secretaría de Hacienda y que ahora podría poner al servicio de la firma de consultoría y auditorías, PriceWaterHouseCoopers, de la que desde enero pasado es socio.

Esta coyuntura debe aprovecharse para abrir la discusión sobre los efectos y consecuencias de la austeridad que, entre otras cosas, afectan el desempeño de los trabajadores federales al asignarles bajos salarios y cargas excesivas de trabajo, lo que provoca una desbandada de funcionarios que por su propia voluntad dejan su puesto o su cargo en busca de una nueva y mejor oportunidad de desarrollo laboral, poniendo sus conocimientos —incluida la información sensible a la que tuvieron acceso en su desempeño como funcionarios públicos y que podría ser usada en provecho o beneficio de particulares— a disposición de otros intereses.

Estos funcionarios puestos en cargos de responsabilidad, algunos de ellos con alto grado de especialización en su campo de acción, buscan oportunidades o llegan a ser requeridos por el sector privado, para el que llegan a ser especialmente atractivos por la información que manejaron o con la que tuvieron contacto como funcionarios al servicio del estado. Y es que a veces humanamente la lealtad laboral o el compromiso con una causa social puede verse afectada cuando se recibe una oferta del sector privado en el que se puede ganar dos o tres veces lo que se percibía como parte de la burocracia, incluso de la llamada “dorada” o de élite dentro de la cúpula del poder público. El gobierno de la 4T debe estar alerta con estas situaciones que le pueden ser contraproducentes.

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