El mal de América Latina

Editorial EL UNIVERSAL

En un reporte recién publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el que se analiza el impacto económico y social de la pandemia de Covid-19 sobre América Latina y el Caribe, se refiere con gran preocupación que la mayor parte de las estructuras de la economía regional estén sostenidas en el sector informal.

La informalidad es un fenómeno económico-social que en América Latina se calcula abarca hasta un 60% de su población, y que a decir del BID, supone uno de los grandes retos a vencer en el escenario que vendrá tras la pandemia de Covid-19, ya que al ser tan frágil, en crisis como la contingencia sanitaria que azota en este momento al planeta, detona casi de inmediato condiciones de pobreza entre la mayor parte de los latinoamericanos, con especial énfasis en México.

Ante la falta de oportunidades de empleo en el mercado formal, miles deben autoemplearse en el sector del comercio y los servicios, haciéndolo sin pagar impuestos pero también privándose de las prestaciones sociales que ofrece la economía formal.

Para mejorar su situación, el BID recomienda “atacar” la informalidad de manera positiva, es decir, estimular la conversión de las personas de ese sector hacia la formalidad o, por lo menos, construir redes de protección social más amplias para blindar a estos trabajadores en tanto la economía esté en condiciones de facilitar la mejoría de su estatus laboral.

En tanto para la recuperación de las economías latinoamericanas, el BID refiere que una vez que pueda superarse la pandemia, la región deberá pasar en primer lugar por la reestructuración de sus sistemas de salud, cuyas carencias y deficiencias vino a exponer la epidemia, y superar también los rezagos tanto en infraestructura como tecnológicos y de recursos humanos en los que se había caído mucho antes del brote y expansión del Covid-19 por el mundo.

Para ese fin, el BID recomienda a México mejorar su recaudación tributaria, cosa que solo podrá lograrse con la adopción de reformas fiscales que permitan obtener recursos para emprender la optimización de los servicios de salud proporcionados por el Estado.

Asimismo, el combate al incremento de la pobreza y una mejor cualitativa en las condiciones de vida y bienestar de la población debe pasar, a juicio del BID, por una facilitación de la inversión privada y la adopción de tecnologías verdes, es decir, de energías limpias y renovables. Solo basta un par de oídos sensibles entre quienes en el gobierno están en capacidad de aplicar tales recomendaciones.

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