El gobierno se da carta blanca

El gobierno se da carta blanca
Nación 24/11/2021 02:50 Actualizada 02:55
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El acuerdo presidencial por el que proyectos y obras de infraestructura del gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional ha provocado una ola de preocupaciones externadas por actores políticos y especialistas en diversos campos en el sentido de que con este recurso se abre camino a la opacidad por parte de la actual administración nacional hacia sus gobernados.

No solo es el tema del dinero que pudiera utilizarse a discreción, también están esos trámites y consideraciones de todo tipo (ambientales, sociales, culturales, de urbanidad, etc.) que podrían ignorarse o pasarse por alto, por ejemplo, el derecho de vía, los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente o la protección al patrimonio cultural.

Eso puede afectar de múltiples formas los intereses de la nación, pues por ejemplo si no hay restricciones ambientales para construir, esto puede tornarse en daños ecológicos incluso de carácter irreversible, pues se entiende que con el decreto no se permitiría en las zonas de construcción de infraestructura la presencia o intervención de grupos ambientalistas que quisieran actuar como observadores, o de arqueólogos u otros especialistas que vigilaran la no afectación del patrimonio cultural.

Por otra parte, se justifican actos sospechosos de gobierno con argumentos poco sólidos y se tratan de minimizar sus repercusiones alegando ser tan solo una maniobra para salvar trámites de manera rápida y con el fin de agilizar los trabajos para obras de infraestructura que se consideran esenciales de la actual administración.

Se invoca que la medida serviría para detener adversarios que podrían detener las obras a golpe de amparos, y se alegan razones de seguridad nacional que justifican así criterios de discrecionalidad en el proceder gubernamental.

Pero cuando se clasifica un asunto como de seguridad nacional, suena a un gobierno que quiere proceder a su modo, a no rendir cuentas, no ser cuestionado y no tener que consultar o tomar el parecer de nadie, cancelando el derecho del pueblo al libre acceso a la información, que paradójicamente corresponde al Estado garantizar.

Es riesgoso que el gobierno se otorgue a sí mismo carta blanca a la hora de emprender proyectos con tantas implicaciones como una refinería, un tren o un aeropuerto, en especial los que por su magnitud y emplazamiento forzosamente requieren afectar a poblaciones o regiones enteras del país y sus ecosistemas. Debería haber una garantía, más que una promesa, de que este acuerdo no se traducirá en opacidad ni en daños a la nación.

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