En este país de violencia imparable en algunas regiones, los delitos están usualmente vinculados a enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado, principal generador de homicidios, secuestros y extorsiones. Otro tanto de la inseguridad es cometida por la delincuencia común.
En un porcentaje menor, no por ello menos importante, integrantes del Estado son los responsables de atentar contra la integridad de las personas. Este delito es conocido como desaparición forzada. Y se da —de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas— cuando el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad es obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo y consentimiento del Estado.
En México, desde 2015 el delito de desaparición forzada se mantiene en aumento. Hace cuatro años se contabilizaron 171, pero la cifra creció a 326 en 2018.
La desaparición forzada ha tenido dos momentos distintos en el país. En la época de partido único, durante el siglo pasado, muchos líderes políticos opositores al régimen, que reclamaban espacios democráticos, eran “desaparecidos”. En la actualidad, el delito de desaparición forzada refleja una descomposición profunda en un brazo del Estado: las corporaciones de seguridad. En algunos municipios y entidades, hay mandos policiacos al servicio del poder criminal.
Se conocen casos documentados de personas que la última vez que fueron vistas ocurrió cuando agentes de seguridad los subían a sus unidades. Como sucedió con Christian Téllez Padilla. En 2010, en Poza Rica, Veracruz, dos vehículos de la policía local lo subieron a la fuerza a una camioneta; su esposa fue testigo de los hechos; a partir de ese instante ella y la familia de Christian no volvieron a verlo; de la policía solo recibieron amenazas. En 2015 el caso fue llevado a Naciones Unidas. A principios de este mes el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por desaparición forzada.
Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada conviene destacar la indefensión de la ciudadanía ante este tipo de agresiones. Si elementos del Estado son los responsables, el propio Estado pone obstáculos a la investigación. En este escenario la justicia proclamada por organismos internacionales se convierte en la única opción para vencer el miedo a salir y no regresar nunca más.
