Separada temporalmente de su cargo como titular de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México y a solo unos meses de haber tomado posesión del puesto, Sandra Cuevas acusa estar en el epicentro de una estrategia política del partido en el poder encaminada a recuperar bajo argucias judiciales los territorios de la capital que la izquierda venía gobernando de tiempo atrás, incluso antes de la conformación de Morena.
La alcaldesa fue separada de sus funciones para responder por acusaciones de abuso de autoridad, discriminación y maltrato laboral que pesan en su contra, por supuestas agresiones contra dos policías de su jurisdicción.
La alcaldía, a la que Cuevas llegó tras su postulación por una alianza de las tres principales fuerzas opositoras en la capital, era considerada uno de los principales bastiones de la izquierda capitalina y había sido ocupada inicialmente, en su época todavía como delegación, por integrantes del PRD y hasta hace poco por candidatos del actual partido en el poder: Morena.
Por lo anterior es que analistas creen ver en esta jugada política, un intento del partido oficial para recuperar las alcaldías que le fueron arrebatadas en las elecciones del año pasado, en las cuales la Ciudad de México quedó repartida por la mitad entre Morena y partidos de oposición.
Según lo estipulado por la ley, si la separación de Sandra Cuevas se prolonga por dos meses mientras está en marcha su proceso judicial o si antes llega a ser encontrada culpable, se procederá a nombrar un alcalde interino, mientras se procede a convocar elecciones extraordinarias a fin de contar con uno nuevo.
El destino próximo de Sandra Cuevas genera mucha inquietud por sus alcances y consecuencias legales y políticas, pues lleva a reflexionar que si con una acusación de esa naturaleza se lleva a perder un cargo de elección, la pregunta que queda es ¿para qué ir a votar si un juez tiene la potestad para quitar o poner a un alcalde, diputado o lo que sea, por encima de la voluntad popular?
Se requiere transparencia, en donde la justicia no tenga que ver con la política. Si la todavía alcaldesa es culpable de delitos, el juicio se justifica, pero si no, viene un proceso de designación de un nuevo alcalde, en el que corresponde a la jefa de Gobierno proponer al Congreso una terna de candidatos para sustituirla a modo y conveniencia.
El caso Cuevas es una mezcla de la justicia con la política, en donde el Poder Judicial quedaría con la posibilidad de quitar o poner funcionarios que llegaron a ocupar puestos a través de la elección popular.