En cuestión de protección al ambiente, las acciones de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad rayan en la negligencia.
La petrolera, por ejemplo, desde 2018 ha incumplido sus metas de reducción de emisiones. Las razones están expuestas en informes internos: el cumplimiento de normas ambientales aumenta el costo de operaciones y limita la capacidad de extracción, lo que resulta en menores ingresos y representa “un riesgo” que puede afectar la continuidad de la empresa como negocio.
En la misma línea, la CFE expone que la normatividad ambiental aumenta sus costos, debido a que pueden requerir erogaciones significativas de recursos. Actualmente, en la generación de energía, la CFE utiliza combustóleo con alto contenido de azufre, por encima incluso de la Norma Oficial Mexicana 106. La situación más grave se da en la termoeléctrica de Tula.
Ambas empresas del Estado declinaron sumarse a la cruzada que lanzó el Programa para el Medio Ambiente de ONU en noviembre de 2020. En esa fecha 62 grandes empresas de la industria petrolera y de gas —estatales y privadas— acordaron una forma más transparente de reportar sus emisiones al medio ambiente, con el fin de abordar una de las mayores causas del cambio climático.
Muy lejos quedaron las declaraciones oficiales de 2018 sobre cumplir los compromisos internacionales en materia ambiental, en especial el Acuerdo de París.
Hace menos de dos semanas, expertos de Naciones Unidas integrantes del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático lanzaron una alerta mundial porque el cambio climático “es peor y más rápido”. Para 2030 —10 años antes de lo estimado— se puede alcanzar un aumento en la temperatura global de 1.5 grados, con riesgos de desastres “sin precedentes” para la humanidad.
La alerta de la ONU es de hace 13 días, el informe de Pemex es de principios de mes y los datos de CFE son anteriores. Cuando las empresas estatales los elaboraron no conocían la alerta lanzada por la ONU. Queda la esperanza de que haya un cambio y que, además, el gobierno federal encabece una intensa política en pro del cuidado ambiental, pues en el sector privado hay también empresas que requieren regular sus emisiones al ambiente.
La actual es una visión corta, sin visión a futuro, de largo plazo. Lo que hoy se ponga en marcha será una inversión para conservar la vida en este planeta como la conocemos. Lo que se deje de hacer —con el argumento de falta de recursos— puede poner en riesgo la viabilidad del país y afectar la salud de millones de mexicanos. ¿Qué es más importante?