El combate a evasores

Editorial EL UNIVERSAL

Como se ha venido anunciando con cierta insistencia, uno de los objetivos para llevar a cabo el proyecto gubernamental de la denominada Cuarta Transformación es allegarse de más recursos a través de incrementar la recaudación tributaria, por lo que uno de sus pilares fundamentales recae en su aparato fiscal y en la recuperación de fondos que, por distintas razones, no han podido captarse en el pasado reciente.

Y así como han comenzado a hacer efectivo el cobro pendiente de impuestos a grandes contribuyentes empresariales, también se busca detener una práctica lamentablemente bastante extendida entre empresas de distintos tamaños, pero con especial énfasis en corporativos con alto nivel de operaciones mercantiles: la evasión en el pago de sus obligaciones fiscales mediante la presentación de facturas que amparan transacciones que no se realizaron o manifestando montos menores o mayores a los efectuados en la realidad, de acuerdo a fines específicos, entre los que incluso pueden estar actividades de lavado de dinero.

Será a través de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emprenderá una primera fase de combate contra evasores y defraudadores fiscales que actúan en conjunto con personas o entidades calificadas como factureras, especializadas en la presentación de documentación falsa o no apegada a la realidad.

En un principio son 43 las empresas detectadas por simular operaciones comerciales que se traducen en defraudación fiscal que le significaron al Estado una pérdida superior a 55 mil millones de pesos por evasión.

Se trata de erradicar una costumbre bastante extendida e incluso tolerada, casi en forma similar a lo que se realiza en el ámbito laboral con la subcont ratación o outsourcing, la cual casi siempre busca reducir al máximo —en muchos casos de manera ilegal— el pago de las prestaciones que los patrones están obligados a cubrir al Estado a cambio de contar con trabajadores a su servicio.

Es altamente plausible combatir a los que actúan fuera de la ley a la vez de desincentivar las prácticas fraudulentas y estimular la regularización, solo se pide que no haya terrorismo fiscal o que la persecución política se disfrace de combate a evasores. También es de desear que los recursos captados y/o recuperados se utilicen en las necesidades sociales más apremiantes, que en estos momentos son las sanitarias, la inseguridad creciente y la protección al empleo.

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