La necesidad de efectivo, en un momento en que por la pandemia y la austeridad del gobierno la circulación del dinero se ha visto reducida, disminuyendo ventas y cancelando plazas de trabajo, han obligado a muchas personas a recurrir a diversas fuentes de financiamiento, entre las que las más socorridas son las casas de empeño y las otorgadoras de créditos o préstamos.

Como por la crisis buena parte de la gente ha perdido sus empleos o ha dejado de pagar tarjetas bancarias, son multitud quienes caen en el gancho de ofrecimiento de préstamos fáciles sin tener que comprobar ingresos o estar en buena situación crediticia.

Sin embargo, a las modalidades tradicionales de ofrecimiento de préstamos (mediante volanteo, anuncios pegados en las calles, por recomendación de boca en boca o incluso publicados en prensa), los defraudadores han encontrado nuevos recursos para allegarse de víctimas: por redes sociales y a través de aplicaciones o apps para teléfono celular, que resultan el punto de partida para una cadena de extorsión.

Se trata de una industria sin regulación que ofrecen grandes cantidades de dinero prácticamente al que va pasando en la calle y sin probar que tiene con qué garantizar el pago de lo prestado o sin consulta del Buró de Crédito, que es la instancia a la que recurren las compañías financieras para cerciorarse si la personas a la que le van a dar un crédito o préstamo, no tiene otras deudas o si ha sido buena pagadora.

Las autoridades encargadas de regular o sancionar estos servicios fraudulentos, pese a que estos se promueven en la calle y por redes sociales, se abstienen de investigarlas o perseguirlas aduciendo que como no están registradas ante ellos, queda fuera de su competencia intervenir.

Además, las apps que se pueden descargar desde plataformas legalmente consolidadas son prueba de que éstas últimas no investigan o se preocupan sobre qué uso van a tener las aplicaciones, ni el estatus legal o financiero, o la calidad moral de quienes las suben.

Una vez en contacto con la víctima e incluso sin haber recibido el préstamo, inicia la intimidación en todas sus formas, desde la psicológica hasta la amenaza directa de daño físico. Para algunos las presiones, el acoso o las intimidaciones son tan severas, que llevan a la descomposición del tejido familiar o a ideas o intentos suicidas.

Si bien las autoridades recomiendan investigar primero la existencia real de la institución, persona o firma que se lo está ofreciendo, y desconfiar en especial de aquellas entidades que ofrezcan grandes sumas con mínimos pagos y sin consulta del Buró de Crédito, también correspondería al gobierno hacer una vigilancia más severa de todas estas modalides de fraude.