Destapar la cloaca

Editorial EL UNIVERSAL

Luego de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin señalara al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray Caso, como quienes le ordenaron efectuar actos de corrupción, y de que presentara pruebas y testigos que podrían conducir a que ambos funcionarios de alto nivel del sexenio pasado sean llamados a comparecer ante la justicia, constituiría el arranque de un hecho sin precedentes en la vida nacional en los que un exmandatario de la República sería llevado ante tribunales.

El extitular de la petrolera indicó que en 2012 le fue ordenado que destinara 100 millones de pesos a la campaña que Peña Nieto emprendió para ganar la Presidencia de la nación, dinero que fue producto de sobornos entregados por la compañía constructora brasileña Odebrecht a cambio de recibir contratos para realizar obras públicas en México.

Un par de años después del triunfo electoral, un monto similar fue entregado a Lozoya para que los repartiera entre algunos legisladores para que aprobaran las reformas estructurales que impulsó el gobierno de Peña Nieto entre los años 2013 y 2014, algunas tan estratégicas y emblemáticas de ese sexenio como la reforma energética.

Lozoya también involucró en sus acusaciones al expresidente entonces panista Felipe Calderón, a quien señaló que también se vio beneficiado por los sobornos de Odebrecht, a la cual dio un trato privilegiado en la adjudicación del contrato para la construcción de la planta petroquímica Etileno XXI, en el estado de Veracruz.

La que en su momento se presentó como el regreso de un nuevo PRI, que dejaba atrás las viejas prácticas asociadas al abuso de poder de una vieja casta de gobernantes que durante más de 7 décadas se había enquistado en la vida pública, constituyendo en contraste una clase política alternativa y joven, resultó ser más voraz y soberbia al pensar que tenía un pasaporte de impunidad para el futuro.

Desde la alternancia del año 2000, el PAN no hizo revisión de las cuentas que le entregaba el PRI tras más de 70 años de haber estado en el poder, ni tampoco el PRI lo hizo con el PAN al regresar al poder en 2012. Ahora por primera vez se está presentado una revisión de los malos manejos de la administración pasada, necesaria para que no haya impunidad y se eliminen casos de corrupción, aunque lo criticable es que la actual persecución se está dando con tintes políticos y ánimo distractor, justo cuando el gobierno enfrenta problemas por la pandemia y la crisis económica. El país debe estar pendiente de que no se descuiden las verdaderas necesidades nacionales por enfrascarse en venganzas políticas.

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