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Desprecio por el ambiente

Editorial EL UNIVERSAL

Aun con los discursos gubernamentales en favor de la generación de energías limpias y renovables, en los hechos la actual administración parece estar enraizada en inercias y tecnologías del pasado, ya sea con su insistencia en apostar en la producción de combustibles que podrían resultar obsoletos en el corto plazo, o en contaminantes métodos de generación de energía justo en el momento en que el mundo demanda su sustitución por tecnologías verdes (o limpias) que sean amigables con el ambiente y que reviertan el daño que el ser humano ha ocasionado a la atmósfera.

Esta política se ve en la propia atención que se le dedica al asunto al interior de la estructura burocrática, con oficinas desaparecidas, acéfalas o disminuidas tanto en funciones como en atribuciones o bien carentes de influencia en la toma de decisiones en materia de política energética y ambiental, cuyo papel, en el mejor de los casos, se restringe al de meras emisoras de recomendaciones, las cuales quedan en las sombras mientras el gobierno privilegia en su estructura a quien defiende o proyecta las tecnologías contaminantes de siempre.

Incluso al indagar sobre los presupuestos asignados, se hacen más que evidentes las discrepancias e interés en ambos segmentos: pues al interior de la Secretaría de Energía a las áreas relacionadas con la generación tradicional de hidrocarburos se les destina poco más de 95% de los recursos y a las encargadas en energías renovables sólo se les otorga un magro 2.2%.

Este progresivo retroceso evidencia el desmantelamiento de proyectos originados en sexenios anteriores en los que se apostaba por dar impulso a las energías renovables, como la adopción en 2015 de la Ley de Transición Energética, que en su momento despertó el beneplácito tanto dentro como fuera del país por el compromiso manifiesto de México con el medioambiente global.

Sin embargo, el acuerdo presentado el viernes pasado por Rocío Nahle es solo la más reciente muestra de la serie de desprecios que la actual administración mantiene hacia las energías limpias, así como de su cortoplacismo de miras en el campo energético. Este alejamiento se da incluso pasando por encima de acuerdos legales establecidos en gobiernos anteriores, lo que ocasiona además un elevado costo —por los litigios legales que se avecinan— para el sector público en momentos de la mayor estrechez económica.

Es por ello que el gobierno debe reconsiderar los pasos que está dando en su intención de desandar lo avanzado por sus predecesores porque son golpes con fuerte costo económico para el país, además de las innecesarias repercusiones en materia ambiental por decisiones equivocadas que afectan no solo a los mexicanos sino a la humanidad entera.

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