Durante décadas, la política ha sido un asunto casi exclusivo de hombres. La presencia femenina en candidaturas a puestos de elección popular fue escasa prácticamente hasta las elecciones intermedias de 2021, cuando la paridad de género en la postulación de candidaturas fue una condición necesaria para los partidos políticos determinada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los resultados quedaron a la vista: de las 15 gubernaturas en disputa, seis fueron ganadas por mujeres, con lo cual en una sola elección —en materia de mujeres al frente de gobiernos estatales— se dio un paso que al país le había tomado al menos un cuarto de siglo.
Pero incluso en este escenario no todo es positivo para la mujer al momento de aspirar a un cargo de elección popular y de participar en una campaña política. Ellas son blanco también de violencia política. En los comicios del año pasado se dieron 147 denuncias por violencia política de género; este 2022 se renuevan seis gubernaturas, el reto es erradicar esa práctica.
La violencia contra ellas en elecciones se manifiesta de distintas formas, una es la verbal, ejercida por medio de la calumnia, el desprestigio, la invisibilización, las ofensas, la denigración y la misoginia.
El Instituto Nacional Electoral ha documentado que en mensajes en plataformas digitales se incluían roles de género y estereotipos sobre las mujeres.
Otro tipo de violencia se da cuando los partidos políticos asignan a las candidatas menores recursos que los ejercidos por candidatos o cuando ellas no tienen acceso a tiempos equitativos en radio y televisión durante el periodo electoral.
Los partidos políticos están obligados a actualizar sus estatutos para adecuarlos a una visión de género que prevenga, atienda y sancione cualquier agresión o maltrato que se dé a las mujeres en actividades políticas. Con el mínimo ataque o discriminación hacia las mujeres que contienden en campañas políticas se menoscaba la democracia.
La lucha por la participación de la mujer en la vida política ha sido una batalla de muchos años. Sería un retroceso que decaiga el interés de la mitad de la población para participar en elecciones como candidatas, debido a simulaciones u hostigamiento político. Los partidos tienen un compromiso ineludible para alentar la paridad de género y la autoridad electoral para señalar y sancionar cualquier intento de coartarla. Ese es el reto para este 2022.