Tener fuero no significa impunidad. Este recurso, que se adoptó para garantizar que la labor legislativa, esencial para la nación, no tuviera ningún tipo de distractores que entorpecieran la discusión y aprobación de leyes, con el paso del tiempo fue objeto de mal uso o se le malentendió, derivando en un recurso de impunidad para funcionarios del Estado que siempre que se vieron involucrados en un ilícito o en un mal proceder en sus funciones, invocaron el fuero para evitar o retardar procesos penales o fiscales en su contra.
Ayer, finalmente a los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo se les retiró el fuero por el pleno de la Cámara de Diputados, por lo que ahora corresponde a las autoridades hacer el trabajo de ubicarlos, presentarlos ante un juez y sancionarlos legalmente, labor que, en el caso de los denunciados, ha venido realizando la fiscalía capitalina.
Sin embargo, sus compañeros diputados de la misma bancada estuvieron estirando y estirando la discusión para procesar el desafuero, o incluso se trató de minimizar los hechos alegando que las conductas impropias formaban parte del ámbito de su vida personal, lo que en cierto modo obró como una forma de encubrimiento para darles tiempo a ambos de tomar medidas evasivas.
Es natural que los partidos busquen proteger a quienes integran sus filas, dándoles incluso el beneficio de la duda en la esperanza de que las acusaciones que se les levantan puedan ser infundadas o de mala fe, y que demuestren su inocencia, pero deben entender que si algún integrante de su bancada quiebra la ley, lo congruente es que se proceda legalmente en su contra, ya que la ley mexicana, en teoría, debe aplicar de la misma forma para todos los ciudadanos de esta nación.
La sociedad necesita recibir el mensaje de que los partidos no están dispuestos a encubrir a delincuentes en sus filas. Si sobre algún legislador pesa alguna acusación es necesario que la enfrente sin privilegios, como cualquier ciudadano.
Sería mala señal que luego de ser desaforados, nunca se proceda contra ellos por estar prófugos o ilocalizables, como es la situación actual de los diputados Toledo y Huerta.
Sea por el delito que sea, sin importar su magnitud o gravedad, cualquier legislador debe ser castigado por cualquier proceder que infrinja las leyes y códigos penales vigentes, pues en ello va incluso el nombre e imagen pública de la organización política a la que representan, así como la honorabilidad de todo el Estado mexicano.