Un notable aumento del retorno forzado de connacionales que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y que en lo que va de 2022 creció en 71.2% (si se compara con el número de deportaciones que para estas mismas fechas, pero en 2021, habían sido devueltos a territorio mexicano), está hablando no solo de una más cruda política antimigratoria de nuestro vecino del norte, sino también de un gobierno que de este lado de la frontera no está haciendo lo propio para retener a su población.
Según las estimaciones, el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos se cuadruplicó a raíz de la pandemia, la cual canceló gran parte de la ya de por sí escasa oferta de trabajo en el país, mientras que la naturaleza también ha hecho lo suyo de expulsar connacionales que antes se dedicaban a actividades agropecuarias (como los cultivos o la ganadería) pero que, con el cambio climático cada vez más acentuado, estas oportunidades también se han perdido en el lapso de muy pocos años, ya sea por sequías, incendios forestales o inundaciones incontrolables.
Este exponencial incremento de deportaciones en parte se explica porque se da en la misma proporción que crece la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, estimulada principalmente por la salida de Donald Trump de la presidencia norteamericana y el ascenso al poder del demócrata Joe Biden, que ha sido percibido como más benevolente en contraste con la hostilidad de su antecesor.
Pero el incremento también se debe a una cada vez más severa política antimigratoria por parte de Estados Unidos y a una estrategia de detección de cruces fronterizos posibilitada por las nuevas tecnologías que prácticamente logran casi blindar el muro divisorio entre ambas naciones.
Y no es solo que los estadounidenses estén devolviendo a tantos connacionales, sino que de este lado de la frontera, el gobierno en turno debe reflexionar en que estos paisanos buscan cruzar al norte en pos de mejores oportunidades de vida, de crecimiento personal, o algunos lo hacen huyendo de un ambiente que ya hace poco grata la vida en México, con delincuencia organizada que poco a poco extiende su dominio e impone sus condiciones sobre regiones cada vez más amplias de la geografía nacional.
Es hora de que el gobierno mexicano revise no solo la política migratoria de este lado y de aquél de la frontera con su vecino del norte, sino también la forma de dar más oportunidades y protección a sus gobernados, para evitar su salida del país.