El crimen organizado podría intentar recuperar lo que les ha sido decomisado, entre objetos (algunos de los cuales podrían ser sólo de valor simbólico o emotivo para sus antiguos propietarios) y vehículos. De ahí que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) haya solicitado un monto adicional de 366 millones de pesos para reforzar sus sistemas de seguridad, para lo cual elaboró un informe, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, en el que expone circunstancias que lo hacen vulnerable a cualquier intento de delincuentes que tengan la intención de infiltrarse para recuperar posesiones y material que les ha sido incautado, incluso aun cuando no hayan sido de su propiedad.
Si bien se trata de objetos e inmuebles más bien de carácter suntuario (ya que armamento y sustancias ilícitas incautadas se resguardan en instalaciones militares), el valor al que ascienden los objetos podría ser por sí solo estímulo para perpetrar su ilícita recuperación.
Deficiencias en seguridad en los controles de acceso han sido detectadas en el edificio del Instituto de Administración de Bienes y Activos (IABA) y que hipotéticamente permitirían el ingreso de una persona que intentara hacerse pasar por personal del SAE o como visitante a las instalaciones, eso sin considerar la posibilidad de un asalto armado directo. Este riesgo también está presente durante las subastas que se efectúan precisamente para vender lo incautado, cuya suma en inventarios arroja un monto total por más de 1,300 millones de pesos, entre bienes muebles e inmuebles.
Es posible también que los cárteles y grupos delictivos busquen infiltrar a las instituciones o corromper al personal que labora en esos sitios, ya sea comprándolos (haciéndoles partícipes en alguna proporción del botín) o intimidándolos bajo la amenaza de hacerles daño a ellos o a sus familias, estableciendo así una complicidad como la que se presume ocurrió en el reciente robo a la Casa de Moneda, en donde los asaltantes ya sabían en qué parte se resguardaban las piezas de mayor valor (los centenarios).
Hay una vulnerabilidad general en las instituciones, pero hay especialmente algunas que, por características sensibles, requieren de máxima seguridad. En un momento en que el presidente de la nación se jacta de no hacer uso de dispositivos ni personal de vigilancia por considerarlos gastos onerosos e innecesarios, ya que a él “lo cuida el pueblo”, es necesario que se considere el riesgo que representa el que grupos criminales pretendan recuperar lo que les ha sido arrebatado. Más vale prevenir.
