Decisiones intempestivas

Editorial EL UNIVERSAL

Incumpliendo tratados internacionales que ponen en cuestionamiento una vez más la seriedad y confianza del gobierno mexicano, el anuncio de que la Secretaría de Energía (Sener) asume totalmente el control del Sistema Eléctrico Nacional ha hecho encenderse multitud de focos rojos tanto dentro como fuera del país, no solo por una medida unilateral que no se consultó previamente, sino porque representa un retroceso en el momento en que más se requiere apostar y hacer inversión en energías limpias y renovables.

En el aspecto ecológico, el hecho a todas luces va en contra de los compromisos suscritos por México en el plano internacional con miras hacia la descarbonización en la generación de energía, en especial con el objetivo de reducir la afectación en la capa de ozono del planeta. Asimismo, viene a echar por tierra todos las buenas intenciones por generar energía limpia y barata, por lo que son varios los pronósticos pesimistas que advierten que la medida se traducirá necesariamente en un incremento por la electricidad generada.

Ahora, son de esperarse que se emprendan toda una serie de litigios contra nuestro país, tanto de organizaciones ecologistas como de industriales que se vean afectados en sus intereses económicos. Si ya una vez hubo amenaza de juicio y ya una vez hubo una renegociación que le costó dinero a México, ¿qué necesidad se tiene de cometer el mismo error?

Aun esgrimiendo razones aparentemente válidas como la ya consabida protección a la soberanía nacional en materia energética y la eliminación de la corrupción y los contratos abusivos en el sector, así como privilegiar la generación de energía que realiza el Estado por encima de la que se adquiere a proveedores externos, no queda claro el por qué hacerlo justo en este momento en que el gobierno debería estar totalmente enfocado en reactivar la economía nacional, lo cual incluye inversiones que generan empleo.

Además, se compromete no solo el acceso de los mexicanos a la energía eléctrica, sino también pone en riesgo la urgente necesidad de generar empleos a futuro, pues ahuyenta cualquier intención de inversión que se tenga en el extranjero para México.

Suponiendo que en el fondo el gobierno tiene razón, y que sea necesario tomar esa decisión que se tomó en el sector energético, es el peor momento para hacerlo en un entorno internacional, nacional y económico en lo que más se necesita es inversión. Es un error incluso suponiendo que el argumento de la Secretaría de Energía es correcto, y aún con razones justificadas, el tiempo crítico en el que estamos inmersos en este momento hace que no lo sea y que se invalide así cualquier razón en tal sentido.

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