El recorte aun más severo en gasto anunciado por el Presidente para el tramo final de su gestión, puede poner en peligro la capacidad de operación de la administración pública para proveer los servicios básicos y que se ha hecho evidente ante el impacto de situaciones extraordinarias para las que el Estado no ha estado preparado o en los que ha perdido el margen de seguridad que debe mantener para reaccionar ante eventualidades como la pandemia, los desastres naturales o los vaivenes económicos.
Austeridad a rajatabla, con el fin de “darle más al pueblo”, sin primero revisar caso por caso, ha generado más estragos de los que se intenta subsanar con los ahorros, pues llega a afectar áreas sensibles como el que se deje de dar mantenimiento a equipos o instalaciones, o el quitar recursos a necesidades ineludibles como la compra de medicamentos, de insumos básicos como la gasolina o el sostenimiento de los refugios para mujeres o de las escuelas de tiempo completo, a veces incluso pretextando haber detectado prácticas corruptas que nunca llegan a comprobarse ante la opinión pública, o el prescindir de personal en dependencias públicas, teniendo como consecuencia una baja en la calidad de los servicios que presta el estado, saturación, retrasos y resultados deficientes.
Un ejemplo es la saturación por la que pasa actualmente el SAT, instancia que por falta de personal, hoy se ve rebasado en la demanda de atención al público que ha acudido multitudinariamente a hacer los trámites necesarios para obtener su constancia de situación fiscal, encontrándose que son pocos los funcionarios que pueden recibirlos mientras hay un plazo que está corriendo para cumplir con esta obligación.
Parece que los administradores del país no acaban de entender que con una economía estancada y con pérdida masiva de puestos laborales —situaciones propiciadas por el Estado, incluso desde sus filas— no puede circular el dinero ni aumentar la recaudación, y que, en su intención de cumplir con la entrega de efectivo para pensiones y becas, ahora tiene que recurrir a debilitar y adelgazar aún más la estructura federal.
No se trata de ver hasta dónde resiste un hilo y hasta donde llega su punto de quiebre. Lo que se pide del gobierno es que haya una mejor administración, pero que no necesariamente pase por una austeridad extrema y mal entendida, pues debe recordarse que su cometido inicial era acabar con los excesos, los lujos y los dispendios, no con las funciones básicas de la gestión pública.
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