Al tratar de explicar el fallido operativo en que se intentó detener a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y que desató un auténtico pandemonium en la capital del estado de Sinaloa, el gobierno sostuvo como argumento de su posterior liberación el haber antepuesto el valor de la vida de los ciudadanos sinaloenses al costo que hubiera tenido de haberse empecinado en retener al presunto delincuente con el objetivo de extraditarlo hacia Estados Unidos.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador lo celebró como un triunfo de la razón al haber dado más peso a la integridad física de cientos o tal vez miles de ciudadanos inocentes que a la captura de una sola persona, mismos que podrían haberse visto afectados en su patrimonio o aún peor, en la pérdida de sus vidas, lo que en una guerra se define bajo el frío tecnicismo de daños colaterales.

Y aunque en cierto modo suena lógico que se haya privilegiado la vida y el patrimonio de inocentes a cambio de no haber desatado un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado dispuestos a todo, incluyendo el afectar a ciudadanos comunes como recurso de presión para inhibir el uso de la fuerza por parte de las autoridades, lo cierto es que el acto sienta un precedente más de que es posible doblegar al Estado si se toma como rehén al pueblo, lo cual tendrá forzosamente un costo altísimo en esas vidas que esta vez se aseguró intentar preservar.

Esto viene a recordar la existencia de una política de no negociar con terroristas, pues la experiencia en otras partes del mundo muestra que si bien se salva un número determinado de vidas en un primer momento de una coyuntura de crisis, a la vez se están condenando a muchas más en el futuro a sufrir lo mismo al quedar sentado el precedente de cesión por parte de los gobiernos, ya que se ha visto que los delincuentes, estimulados en su ego y soberbia, incrementan el empleo de la violencia, volviéndose un ciclo de nunca acabar.

Ejemplo de lo anterior estuvo en esa misma jornada violenta de Culiacán, con la apertura de una cárcel como forma de generar mayor caos, pues debe tenerse en cuenta que la fuga de esas personas constituyen, cada una, un potencial de peligro para la sociedad en su conjunto, ya que actuando por su cuenta o en asociación, cobrarán una serie de víctimas, con seguridad muchas de ellas fatales, que no habrían tenido que verse puestas en riesgo si la autoridad diera el ejemplo de no capitulación y mantener el orden a toda costa. Por lo anterior, se puede decir que es un espejismo el salvar vidas en un instante de crisis, pues al hacerlo se condenan a cientos, quizá miles más, a estar en riesgo nuevamente.

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