Crimen fuerte, ¿Estado débil?

Editorial EL UNIVERSAL

La inacción y omisión de varios gobiernos en las últimas décadas, combinadas con estrategias fallidas, han colocado al país en una espiral de violencia. Esta administración apostó a no perseguir a los jefes de grupos criminales, pero esa actitud no ha logrado ningún cambio en el número de víctimas por homicidios dolosos, por el contrario sigue en aumento.

Puede decirse incluso que la táctica empleada parece haber envalentonado a las organizaciones delictivas, las cuales actúan y atacan a bandas rivales o a autoridades locales a la luz del día, con la seguridad de que nadie les hará frente. Para ellos la emergencia sanitaria no ha representado algún repliegue, mucho menos el confinamiento.

Ayer la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el sábado 20 de junio, en un operativo conjunto con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Guanajuato, detuvo a la madre y a la hermana de José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en Guanajuato. Casi al mismo tiempo, en redes sociales comenzó a circular un video atribuido al delincuente en el que amenaza al gobierno con convertirse “en una piedra en el zapato” y dice que no tiene miedo de enfrentarlos.

En esta ocasión la amenaza es frontal y pública, pero en los meses recientes se han dado otros hechos que de igual manera representan un desafío para las autoridades legalmente constituidas. El país ha conocido del reparto de despensas hecho por grupos criminales en distintos estados para “ayudar” a la población ante la crisis que generó la pandemia. Diversas ciudades han sido escenario de vehículos incendiados que obstruyen vías de comunicación.

En octubre pasado Culiacán vivió horas de miedo por la detención de Ovidio Guzmán, quien tuvo que ser liberado para evitar ataques a la ciudadanía. Después se dio la agresión a la familia LeBaron, que causó la muerte a seis niños y tres mujeres. Apenas unos días después al menos siete camionetas con decenas de pistoleros irrumpieron en la localidad coahuilense de Villa Unión a la luz del día para atacar la presidencia municipal.

Los grupos criminales actúan sin freno. Al gobierno federal no le queda más alternativa que responder con la fuerza, aunque necesitará más que eso. Las tareas de inteligencia deben ser parte central en la estrategia, así como la coordinación con autoridades de todos los niveles y principalmente un estricto control de confianza sobre todos los elementos que integran los cuerpos de seguridad.

Es evidente que a la paz pública no le conviene la estrategia de un Estado débil.

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