Una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador es que si resultaba electo como presidente, en su gestión no habría gasolinazos (aumentos bruscos del precio de la gasolina) como los que distinguieron la administración de su predecesor Enrique Peña Nieto.

Y aunque el actual mandatario apostaba a que saneando el funcionamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y liberándola de la carga de corrupción que ha venido lastrando a la empresa desde hace varios sexenios, sería suficiente para incrementar la producción, reducir costos operativos y ofrecer combustibles a bajos precios, las cosas no resultaron como se planearon y una diversidad de factores han impedido hacer realidad la tan anhelada promesa.

Y si bien durante la pandemia se produjo un inesperado descenso en el precio de las gasolinas, que hasta el gobierno de la 4T lo presumió como uno de sus logros, en realidad eso obedecía a condiciones del mercado mundial de los combustibles, debido a una caída en los precios ante una menor demanda a raíz del confinamiento emprendido en el planeta como medida para contener la pandemia de Covid-19.

Ahora, con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha disparado en el mundo los precios del petróleo, la intervención del gobierno mexicano en su mercado interno de combustibles —que depende en su mayor parte de las importaciones— ya no servirá tanto para bajar los precios, sino para al menos tratar de contener aumentos bruscos de los mismos, para lo que deberá autorizar cuantiosos subsidios que si bien intentarán evitar una mayor inflación, en realidad se hará a un alto costo para los mexicanos, como lo advierten varios especialistas, quienes adelantan que en el largo plazo todo el país saldrá perdiendo.

El mantener la estabilidad de los precios de la gasolina es sin duda una medida muy popular pero lo cierto es que se ha reiterado que la mayor parte de la población no cuenta con vehículos automotores, aunque ciertamente parte de ese costo se les transfiere en las tarifas que pagan por viajar en transporte público o en el precio de las mercancías que tienen que ser transportadas desde otros sitios y luego ser distribuidas en miles de puntos de venta.

Por donde se le vea, el de los combustibles es un subsidio que al ser aplicado de manera generalizada, termina beneficiando a gente de clases medias y altas, y no a los más pobres, que son el sector social tomado como bandera por el actual gobierno. Y si a ello se suma que los subsidios tendrán más tarde un efecto bumerang, serán finalmente los pobres los más afectados por la medida.