Campañas estrictamente fiscalizadas

Editorial EL UNIVERSAL

Es tiempo de campañas electorales y miles de candidatos en el país están erogando millones de pesos en sus actividades diarias para promoverse en busca del voto popular. Eso es legal, así funcionan los procesos electorales en México, pero también hay límites. Partidos y candidatos están obligados a transparentar sus gastos y a dar información sobre sus proveedores y los contratos realizados con ellos, así como dar cuenta del financiamiento recibido por particulares.

Con el objetivo de tener “mayores estándares de transparencia, legalidad y rendición de cuentas”, el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ampliaron en febrero pasado el acuerdo de colaboración que iniciaron en septiembre de 2019.

Uno de los resultados obtenidos hasta ahora es la identificación de 2 mil 426 proveedores del INE que carecen de información pública suficiente, por lo que no se descarta que sean “empresas fachada”.

Del padrón histórico de proveedores del INE –61 mil 500 personas físicas y morales– solo 22 mil 795 se encuentran participando en el actual proceso electoral. Luego de ser investigados por la UIF, se encontró información de 20 mil 369, pero hay 2 mil 426 que carecen de datos para ser ubicados y están siendo contratados en las campañas electorales.

El riesgo es grave. Por esa rendija puede estar haciéndose mal uso del dinero público que se destina a los partidos políticos para competir en la contienda. Empresas fachada serían una herramienta para aparentar el gasto de millones de pesos, que pueden terminar en cualquier lado (bolsillos o cuentas bancarias de candidatos o funcionarios de partidos) menos en la promoción electoral.

Los partidos están obligados por ley a presentar informes periódicos sobre el manejo de sus recursos: cómo los están utilizando y a quiénes están contratando para el apoyo de sus actividades proselitistas.

Pero hay partidos y candidatos que desde ahora no están cumpliendo con la entrega de esa información.

La ley electoral es muy clara respecto a las consecuencias de su incumplimiento y con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera se obtienen más elementos para detectar anomalías. Partidos y candidatos tienen que apegarse de manera estricta a la normatividad y asumir el control correcto de sus finanzas… o enfrentar los efectos legales de sus faltas.

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