El Poder Judicial ha reaccionado a lo que considera invasiones de sus facultades, ante propuestas para reformar al sistema penal y judicial, que desde su perspectiva constituirían graves afectaciones al Estado de Derecho y al marco constitucional.
Los borradores incluyen modificaciones al juicio de amparo con la mira de restarle fuerza a ese recurso con el que cuentan los ciudadanos mediante el cual pueden protegerse contra injusticias a las que se sienten sometidos por decisiones tomadas desde las esferas del poder gubernamental y contra las cuales pueden invocar la intervención del Poder Judicial. Ahora, con la pretensión de modificarlo para incluso revertirlo contra quien lo interpone, se podrían echar para abajo algunas conquistas en materia judicial como la presunción de inocencia, el debido proceso y los principios de igualdad y justicia.
Otra de las propuestas pretende que desde el Senado de la República se ejerzan funciones que actualmente corresponden al Consejo de la Judicatura, como la capacidad de enjuiciar a jueces y magistrados, lo que obviamente es un intento de sometimiento y desarticulación al único contrapeso que tiene en este momento el Poder Ejecutivo.
Las críticas que se han hecho a los documentos que circularon en el Senado señalan que constituyen un retroceso, al proponer el regreso de figuras como el arraigo o las declaraciones obtenidas bajo presión, todos recursos de un sistema inquisitivo que en el pasado ha sido señalado como lesivo de los derechos humanos y las garantías individuales, y cuyo cuestionamiento ha sido bandera constante de la izquierda mexicana.
Y aunque desde el Senado se ratifica su compromiso de tomar en cuenta la opinión de los ministros de la Suprema Corte para la construcción de la reforma, los constitucionalistas externan su preocupación por considerarla regresiva y violatoria de derechos fundamentales de los ciudadanos, como por ejemplo la presunción de inocencia, atentando a su vez contra la administración de justicia, pues inhabilitaría el control judicial contra las actuaciones del ministerio público, policías y encargados de centros judiciales.
Si bien se reconoce la necesidad de hacer la reforma, ésta, como bien explica el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, se debe hacer con prudencia y descartando cualquier rasgo regresivo que presente. Precisa que si el sistema acusatorio requiere ajustes, deben hacerse los pertinentes pero “sin pasos hacia atrás”.
La apuesta de una reforma judicial debe ser por fomentar jueces independientes y autónomos, cuyas decisiones las tomen siempre con la mira puesta en el respeto a los derechos humanos.