Austeridad: ¿cuándo sí y cuándo no?

Editorial EL UNIVERSAL

La aplicación irrestricta de un plan aún más severo de recortes presupuestales anunciado por el gobierno el pasado 23 de abril, podría no sólo afectar la continuidad de programas públicos destinados a dar bienes y servicios a niños mexicanos menores de 6 años, sino en algunos casos dejarlos francamente inoperantes y generar una serie de problemas que vendrían a hacer aún más grande la crisis sanitaria y económica actual.

Y es que si bien la medida pretende hacer acopio de todos los recursos posibles para destinarlos a la atención de la situación crítica generada por la pandemia de Covid-19, podría a la vez generar otras condiciones no deseadas en la salud infantil como brotes masivos de sarampión u otras patologías, como consecuencia de debilitar financieramente programas básicos de vacunación, higiene, nutrición o de prevención de la salud para la niñez, así como otros de educación, guarderías y estancias, o incluso de protección a los derechos de la infancia.

La alerta ha sido dada por el colectivo Pacto por la Primera Infancia, un bloque de 173 organizaciones de la sociedad civil (entre las que están organismos tan importantes como Unicef y Save the Children), el cual pide al gobierno reevalúe sus planes para no dejar en el desamparo a más de 6 millones y medio de niños de la República Mexicana.

Este riesgo al que se expone a la infancia es muestra de lo que causa hacer recortes a rajatabla. No se pueden hacer de esa manera porque reducir hasta en un 75% los presupuestos previamente asignados, impacta forzosa e invariablemente en necesidades básicas de la población, y peor aún si se trata de los menores mexicanos de escasos recursos. Un ejemplo, en algo muy simple, sería la cancelación en el pago de gastos de transporte al personal de salud que forma parte de campañas de vacunación y al que después se le pide que se traslade a lugares de difícil acceso para cumplir su labor, en el entendido de que pongan de su bolsa los viáticos, lo que para algunos tal vez resulte imposible por la propia precariedad salarial.

Aquí no es criticable en sí la intención de contar con un gobierno austero o ahorrador, sino más bien el que no se analice primero y con detalle en qué gastos es conveniente ahorrar y cuáles definitivamente no son susceptibles de reducirles la partida presupuestaria. Incluso, una vez detectados los puntos sensibles, en lugar de quitarles, debería procurarse incrementarles los fondos para que cumplan sus funciones a cabalidad. ¿Habrá en el gobierno un oído sensible que pugne por hacer en este sentido una revisión a detalle, programa por programa y dependencia por dependencia?

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