Es de entenderse que una vida humana, la de un ser querido, de una madre, padre, hermano, hijo o cónyuge, no puede tasarse en una cifra concreta; por lo que el anuncio del gobierno de entregar apoyos económicos a los familiares de personas que murieron por Covid-19 es necesariamente polémico, en especial por no quedar claro de dónde saldrá ese dinero, quién se encargará de administrarlo (DIF, IMSS u otra institución) y entregarlo, y los criterios que se adoptarán para hacerlo.
De entrada se debe comprender que se trata de una ayuda que se ofrece para solventar los gastos funerarios que conlleva una defunción inesperada, y hacer así lo más pasadera posible tan trágica situación. Pero si se considera que la cifra oficial de defunciones por Covid excede ya los 109 mil casos, y que hay además un subregistro que podría duplicar o hasta triplicar la cifra oficial, además de que la pandemia todavía está muy lejos de concluir, lleva a imaginar que debe tratarse de una partida presupuestal con monto flexible.
Si bien en sus previsiones apenas se contempla que poco más de 16 mil personas serían las beneficiarias de dicho apoyo, tal vez eso obedezca a que no todas las actas de defunción establecen el Covid como causa de la muerte, quedando asentado en su lugar otras circunstancias concomitantes como neumonía o paro cardiorrespiratorio, dificultando así ahora a múltiples familias el acceso a este beneficio.
Y por supuesto que cualquier cantidad en efectivo que se reciba tras de una pérdida de esa magnitud, será siempre poca. Se trata, como muchas de las iniciativas del actual gobierno, de acciones bien intencionadas pero que dan la impresión de no tener una planeación, una investigación previa o un diseño de estrategias para emprenderla ni una logística de realización, que incluye, por supuesto, un criterio básico de selección o exclusión, ya que siempre habrá quien pretenda cobrar una asistencia que no le corresponde y hasta quien engañe a terceros para disponer de un beneficio ajeno.
Lo anterior debe hacer reflexionar que decidir políticas públicas a partir de ideas como la de entregar dinero sólo por ayudar sin tener contemplada primero una logística para efectuarla o una metodología que permita dimensionar la tarea a emprender en su justa dimensión, es necesariamente fuente de nuevas injusticias y discriminaciones. Así, sin definir criterios operativos claros, es mejor que tales programas de ayuda sean definidos por especialistas.
