Asilos, vulnerables en la pandemia

Editorial EL UNIVERSAL

Junto con los centros penitenciarios y los hospitales, los asilos y centros de atención para menores constituyen unos de los sitios más vulnerables para su población ante un eventual contagio de coronavirus o de cualquier otro agente infeccioso que afecte a individuos con sistemas inmunológicos debilitados o deficientes.

De un universo de 819 asilos registrados en las 32 entidades que conforman la República Mexicana, apenas 10 de ellos son responsabilidad directa del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y del resto, ambas instituciones han efectuado alguna inspección en solamente unas 300 de ellas, sin carácter punitivo y tan solo emitiendo recomendaciones ahí donde detectan fallas o carencias.

Y si bien como requisitos para dar servicio estos centros deben contar con varias instalaciones básicas que garanticen condiciones de seguridad para sus usuarios (por ejemplo, pasamanos, pisos antiderrapantes o salidas de emergencia), la pandemia de Covid-19 hizo evidente que además de lo anterior, se requiere que estos lugares cuenten también con áreas de confinamiento para casos de brotes epidemiológicos, así como protocolos de actuación para detectar y contener contagios, y capacitación especializada y constante al personal que interactúa con niños, jóvenes y ancianos puestos bajo su cuidado.

Frente a todos los problemas que presenta la población más vulnerable del país, no se cuenta ni siquiera con lo más básico que sería un diagnóstico general del estado que guardan asilos y otros centros de asistencia social para personas marginadas. Se entiende que son instituciones vulnerables por falta de presupuesto o de voluntad política, o por no representar votos directos o no generar ingresos, pero se trata de un servicio que es irrenunciable para la sociedad y el Estado, así que su problemática actual no es para achacársela necesariamente a este gobierno, ya que es un conjunto de circunstancias desfavorables que se han venido acumulando desde el pasado.

Aunque una gran proporción de la atención a adultos mayores ha recaído en instituciones privadas —algunas establecidas por fundaciones u organizaciones asistenciales con enfoque altruista, aunque también las hay que operan como servicios con entendibles fines de lucro—, no se puede estigmatizar a ninguna de ellas puesto que cubren un hueco que al Estado no le ha sido posible atender. Así que en este sentido, las autoridades sanitarias no deben tener como primer opción la clausura de tales sitios por incumplimiento de normas, sino por el contrario hacer diagnósticos y trabajar en conjunto para subsanar las carencias que la pandemia vino a revelar.

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