Por el daño que el tráfico ilícito de armas ha dejado entre los mexicanos, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha entablado una demanda contra fabricantes de armas de Estados Unidos, entre los que están firmas tan conocidas como Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Colt o Glock.
Todas esas empresas, a decir de las autoridades mexicanas, carecen de ética al poner la ganancia económica por encima de su responsabilidad social y el respeto a la vida humana, ya que incluso algunas de esas compañías diseñan parte de su catálogo teniendo en mente al comprador perteneciente al crimen organizado mexicano.
Hasta 500 mil armas de fuego de diversos calibres podrían estar ingresando cada año a territorio mexicano desde Estados Unidos, y la mayor parte de ellas queda fuera de registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo exige la ley nacional de armas de fuego.
En Estados Unidos, donde las armas se pueden adquirir hasta en los supermercados, es también el país en el que organizaciones civiles han adquirido fuerza política al luchar por el derecho de sus ciudadanos a adquirir armamento supuestamente destinado a la defensa de sus vidas y la propiedad privada, pero que culpan a México por el mal uso que se hace de las armas una vez que cruzan la frontera.
En México, las balaceras desafortunadamente se han convertido en parte de la cotidianidad de algunas regiones de México, especialmente en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua o Jalisco, donde las refriegas se dan entre bandas rivales o en enfrentamientos contra las fuerzas del orden pero, en cambio, en la Unión Americana las masacres suelen tener como víctimas a personas inocentes o miembros de comunidades, y darse en centros escolares, plazas comerciales, templos, la propia calle o sitios en los que haya una multitud congregada.
La vía jurídica que inicia México para combatir la entrada de armas desde Estados Unidos es una medida inédita a la cual se le debe dar puntual seguimiento para que no quede solo en buena intención.
Eso no debe significar una renuncia a la parte que le toca a México para combatir el ingreso ilegal de armas por la corrupción en las aduanas o la colusión con grupos criminales, además del mercado negro generado a su alrededor, pero sí el buscar en su vecino un compromiso ético para evitar la laxitud con el que todo tipo de armamento puede circular por dentro y fuera de su territorio.