La violencia de género en el país muestra desde hace años una tendencia que no cede. Las distintas acciones que se han emprendido para tratar de modificar los índices todavía no arrojan resultados claros.

En materia de feminicidio, por ejemplo, el país registra actualmente 10 casos al día, promedio mayor al de 2017, cuando fue de 7 asesinatos diarios. Algo parecido ocurre con la violencia que vive la mujer en su relación de pareja: en 2004 el Inegi reportaba que 44% de las mexicanas mayores de 15 años sufren algún tipo de violencia; en 2019, quince años después, no se había registrado ningún cambio, pues 43.9% de las mujeres mayores de 15 años enfrentaron agresiones del novio, esposo o pareja.

Uno de los esfuerzos para transformar esta situación se concretó en la creación del Banco Nacional de Datos e Información Sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim). Hasta ahora, la información generada puede representar un primer paso para cambiar la situación de violencia que viven las mujeres. De los casi 600 mil agresores de mujeres que la institución ha identificado a nivel nacional, la mitad (293 mil 896) se encuentran en 74 municipios.

Los siete ayuntamientos donde se han identificado más agresores son Aguascalientes, con 15 mil 105; Guadalajara, mil 467; Morelia, 12 mil 977; Zapopan, 9 mil 928; San Luis Potosí, 9 mil 711; Mérida, 7 mil 361, y Tuxtla Gutiérrez, 6 mil 594.

Este tipo de datos muestra que ciudades como Aguascalientes y Mérida, que tienen escasa presencia de violencia criminal, enfrentan, por el contrario, una problemática de violencia de género que debe ser atendida. La puesta en marcha de políticas públicas regionales se tendría que realizar a la brevedad, tras la evidencia de las cifras.

En otra medida que hace abrigar esperanzas de que comience a combatirse la violencia de género, en la Ciudad de México el Congreso local aprobó ayer un dictamen de ley para crear un banco de ADN con el objetivo de que sea utilizado en investigaciones vinculadas a feminicidios, violaciones y secuestro.

Para el Estado mexicano el desafío mayor es generar un cambio cultural que erradique prácticas machistas y de agresión a la mujer. Por su parte, los gobiernos locales tienen que adoptar medidas particulares para situaciones específicas, pero mientras autoridades de los tres niveles de gobierno no actúen de manera coordinada ni saquen provecho a la información que brindan las cifras, el país tendrá violencia de género para rato.

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