Acallar el activismo social

Editorial EL UNIVERSAL

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Por el amor al campo, a la naturaleza, a los animales, a las formas tradicionales de vivir fuera de las grandes ciudades o al simple derecho a ejercer su libertad, hombres y mujeres en distintas partes del país se lanzan a luchar y alzar la voz cuando sienten que su entorno se ve amenazado por proyectos que no los consideran ni consultan, o por actividades criminales que no se tientan el corazón para pasar por encima de quien sea si sienten que sus negocios ilícitos —sea tala de bosques o robo de hidrocarburos de muy grave impacto ambiental— pueden ser puestos en riesgo.

Oponerse a grandes obras o a los atentados que se cometen contra la naturaleza y el medio ambiente, o defender las causas sociales, costó la vida a 32 activistas mexicanos a lo largo de 2019, la mayor parte en la franja central y sur del país, así como en el norteño estado de Chihuahua.

A Samir Flores, oponerse al Proyecto Integral Morelos (PIM) que incluía la construcción de una termoeléctrica en Huexca y un gasoducto que atravesaría los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, le provocó la muerte hace justamente un año, la cual inicialmente fue atribuida por la fiscalía de su estado como perpetrada por el crimen organizado, infiriendo que Samir estaba relacionado con actividades ilícitas, pero las organizaciones populares reviraron el señalamiento y afirmaron que en realidad se trató de un crimen político.

Samir, un indígena integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, fue la cabeza visible de un movimiento opositor a obras gubernamentales de gran envergadura que se construirían sin consultar a los pobladores y que eminentemente dejarían una gran afectación al medioambiente en el estado, de por sí en riesgo por la deforestación, una urbanización imparable y la creación sin control de corredores industriales que lejos de beneficiar a la población —como reiteradamente se les ha dicho cada que arranca una nueva obra—, les ha traído una multitud de problemas, la mayor parte de ellos de salud.

De los 32 activistas asesinados el año pasado, la mayor parte de ellos se dedicaban a la defensa de los derechos humanos y de asuntos medioambientales o de resistencia territorial. Del total de fallecidos, sólo en una tercera parte de los casos hubo detenidos, pero para el resto, entre los que se encuentra el del propio Samir, la situación sigue sin resolver y sin ningún detenido implicado.

Se le pone muy poca atención a este tema. Son más activistas que periodistas asesinados en un año. Ambos grupos silenciados por exhibir las injusticias y los hechos de corrupción en un país que se supone ya cambió precisamente en ese sentido.

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