En el tema del aborto nunca habrá unanimidad. Grupos a favor y en contra tienen diferencias irreconciliables. Para unos, esa práctica es equivalente a un crimen y por lo tanto un pecado de consecuencias graves para fieles de credos religiosos, para otros representa la oportunidad que tienen las mujeres de decidir sobre su cuerpo.
El miércoles, el Congreso de Oaxaca aprobó la interrupción legal del embarazo convirtiéndose apenas en la segunda entidad en hacerlo, luego de que en abril de 2007 la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal determinó eliminar las penas por aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo.
El proceso en el estado del sur del país no estuvo exento de cuestionamientos. La sociedad oaxaqueña se polarizó durante semanas, aunque al final la reforma al Código Penal logró 24 de 42 votos posibles; 12 fueron en contra y hubo seis abstenciones. La sesión para debatir el tema duró ocho horas.
Este tipo de reformas parte de hechos indiscutibles. En Oaxaca, por ejemplo, se practican anualmente más de 2 mil 300 abortos, muchos de ellos en la clandestinidad con graves riesgos para la salud de las mujeres. Los argumentos de diputadas que hicieron uso de la tribuna muestran claramente la dimensión social de lo aprobado: “Nadie está a favor del aborto, sino de salvar la vida de las mujeres que se ven orilladas a tomar esa decisión”.
Los cambios no obligan a nadie a realizar actos que vayan en contra de sus convicciones, solo prestan atención a una realidad inocultable que afecta principalmente a las clases más desprotegidas.
El principal reto para el sistema de salud estatal empieza ahora, pues deberá garantizar la interrupción del embarazo para quien lo solicite y contar con médicos especializados en cada hospital. Acercarse a estudiar el patrón que se adoptó en la capital del país sería obligado.
En casos de alta polarización, a legisladores y gobiernos les toca velar por el bienestar general y por el respeto a los derechos humanos, por encima de dogmas e ideologías. La tarea legislativa debe realizarse cumpliendo con la laicidad del Estado, que mandata la Constitución Política.La decisión del congreso de Oaxaca tendría que servir de ejemplo al resto de los congresos estatales.
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