Nos confirman que la adquisición del procesador Prosa por parte del gigante internacional de medios de pago, Visa, no fue aceptada por la Comisión Nacional Antimonopolio. Nos detallan que la noticia, que aún sigue sin notificarse de manera formal, ha generado sorpresa entre los banqueros, ya que la propia autoridad recomendó por años que Prosa, propiedad de los principales bancos en México, fuera vendida a un tercero. Nos hacen ver que la señal que manda el gobierno mexicano con esta decisión no será bien vista en Estados Unidos, que puso la lupa sobre el sistema financiero nacional. El argumento es que el organismo, que lleva Andrea Marván, considera que la operación afectaría al sector de pagos en México, por lo que tardará todavía más la posibilidad de que se fomente realmente la competencia en este segmento y deje de beneficiar sólo a los grandes corporativos del país.
Autotransportistas exigen una representación digna
Después de ser elegido para dirigir la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) por dos años, nos dicen que Augusto Ramos Melo tiene como reto mostrar pruebas que contrarresten la narrativa de que el robo al transporte ha bajado, después de que la organización perdió parte de sus agremiados y surgieron nuevos grupos por no sentirse respaldados. Nos aseguran que la delincuencia contra el sector ahora se refleja en desapariciones, homicidios, privación de la libertad y extorsiones, por lo que los empresarios exigen soluciones y una representación digna.
Plataformas digitales, en la mira
Nos cuentan que el gobierno de la panista Tere Jiménez presentó una iniciativa para reformar el Código Fiscal y la Ley de Hacienda de Aguascalientes en materia de aprovechamientos, en la que se propone cobrar un impuesto de 2% sobre servicios de plataformas digitales de reparto. La Alianza In México, que agrupa a DiDi, Rappi y Uber, se opone y advierte que no sólo a ellas las impactará negativamente, sino a los repartidores y comercios que dependen de estas empresas para vender y distribuir sus productos. Además, nos platican que el gravamen no se aplica a otras industrias logísticas que utilizan la misma infraestructura pública, por lo que consideran que es una disposición discriminatoria de carácter recaudatorio. Sin embargo, la administración estatal argumenta que la medida establecerá equidad fiscal con los sectores tradicionales y permitirá obtener recursos para el mantenimiento y mejora de los sistemas y servicios básicos.