Hoy se cumplen 83 años de que el entonces presidente Manuel Ávila Camacho decretó la congelación del alquiler en el otrora Distrito Federal, cuya medida se extendió hasta 2001, cuando Andrés Manuel López Obrador estaba al frente de la capital. En Banamex calculan que la decisión redujo cerca de 20% la oferta de vivienda en renta durante esas casi seis décadas. Aunque se desconocen detalles, si se diseña mal el control de precios, que propuso la semana pasada la jefa de Gobierno, Clara Brugada, nos dicen que amenaza con desincentivar nuevamente la inversión privada y trasladar la presión inmobiliaria a otras zonas, así como generar mayor informalidad en el arrendamiento. En el banco, que encabeza Manuel Romo, sugieren incentivos fiscales para el mantenimiento de propiedades en alquiler y subsidios directos a inquilinos de bajos ingresos, para balancear la justicia social con la sostenibilidad económica.
Rappi evita subir sus tarifas
Hablando de precios, nos comentan que, a diferencia de Uber, que aumentó sus tarifas ante los recientes cambios a la Ley Federal del Trabajo para trabajadores de plataformas digitales, Rappi decidió dejarlas sin cambio para sus clientes. Luego de realizar un análisis de los cambios que implica registrar a sus repartidores ante el IMSS y darles prestaciones como Infonavit, la principal plataforma de entregas a domicilio en América Latina consideró que esto no amerita que sus servicios se encarezcan en México. La compañía colombiana, que dirige Iván Cadavid, seguirá atenta a la evolución del entorno económico y regulatorio, para tomar decisiones que cuiden su viabilidad como negocio, así como el beneficio de repartidores, aliados y clientes. De momento, según el gobierno federal, se han contratado a 300 mil personas de plataformas de reparto con prestaciones mínimas de ley.
Aprietan las tuercas
Tras un buen rato de letargo, ahora resulta que las autoridades financieras están soltando una serie de nuevas disposiciones que estaban atoradas. Nos cuentan que finalmente dieron a conocer la regulación para el sector del ahorro popular, las uniones de crédito y sociedades financieras populares para equipararse a la que tienen los bancos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que dirige Jesús de la Fuente, les ordenó que ya deberán tener la documentación necesaria para verificar si un socio forma parte de un grupo de socios o club de personas que representen lo que se conoce como “riesgo común”, al momento de realizar o solicitar operaciones de financiamiento que supere 5% o 10% de su capital neto dependiendo de la figura que se trate, es decir, ya sea Sofipo o cooperativa.