La mayoría de los servicios de transporte terrestre que hay en aeropuertos y centrales de autobuses operan, algunos bajo licencia o concesión y otros de manera informal, con una clara ventaja contra taxis que operan libremente en las calles. Los servicios de plataformas digitales están prohibidos en la zona de abordaje de taxis locales. Esto no es sino una situación en la que se está desincentivando a la competencia económica a favor de los concesionarios, formales e informales, locales. La consecuencia inmediata de esto es pagar lo que dicta una tarifa dada quién sabe cómo o por círculos cuyo centro es la central de autobuses o el aeropuerto. Aunque el usuario quiera utilizar una alternativa vía plataforma digital, no se puede.
El servicio de taxis al interior de los aeropuertos es feroz por sí misma: existen diversas empresas compitiendo entre sí. Pero el mercado es cerrado, es decir, no se permite que vehículos de la calle entren a recoger pasaje, ni los llamados “libres” ni de los de plataforma digital. El mercado se protege para los concesionarios locales. La diferencia en precios entre ellos no es grande. Realmente no hay tanta diferencia entre unos y otros. Venden seguridad y probablemente vehículos en mejor condición si los comparamos con los taxis de la calle, pero esto se reduce cuando entran en escena los servicios de transporte de plataformas digitales.
En los alrededores de centrales y aeropuertos también hay taxis libres. Pero no cualquiera puede llegar a ofrecer sus servicios. Aunque su actividad es legal, por decir lo menos es informal, pues es un grupo selecto de taxistas que de algún modo logran prestar el servicio a los ingenuos que deciden abordar sus unidades: sus tarifas son en extremo altas y el servicio no es el mejor posible. Pero ahí están operando. Desconozco qué costos deben cubrir para operar ahí, pero no dudo que los tengan. Podría considerarse como el costo de membresía. Entre ellos también compiten, pero el servicio sigue siendo caro.
Al llegar a la calle se abre una nueva competencia. Hay otros vehículos que se las ingenian para ofrecer el servicio a quienes logran llegar a calles y avenidas. Pero aún ellos cobran caro y no cualquier taxi puede ofrecer el servicio. Nuevamente, se trata de servicios, por decir lo menos, informales, toda vez que los legalmente concesionados venden los servicios desde el interior de las instalaciones. Los taxis libres y de plataforma difícilmente logran llegar a prestar sus servicios hasta estos lugares. La consecuencia de esto es el servicio caro y de baja calidad.
El sistema de prestación de servicio vehicular no puede sino ser visto como uno donde se protege a parte de los prestadores del servicio en detrimento del consumidor final. Nuestra economía supuestamente es una que promueve la libre competencia y concurrencia. En la práctica esto no necesariamente ocurre. Durante años existió una entidad “autónoma” que decía fomentar la competencia económica. Hoy esas funciones las asumió la Comisión Nacional Antimonopolios, dependiente de la Secretaría de Economía, pero existen muchas áreas donde su presencia no se ha visto. El servicio de taxis aeroportuarios y de centrales de autobuses es buen ejemplo.
El mundial de futbol está a la vuelta de la esquina. Se demostrará el poder que tiene un organismo internacional privado como lo es la FIFA. En algunos casos ya se está viendo: provocó la remodelación del Aeropuerto Internacional, de estadios y de banquetas y vialidades en la CDMX. Tengo la convicción de que esta organización ayudará a combatir los oligopolios locales de transporte terrestre que operan en aeropuertos y centrales. Pronto lo veremos.
El Centro Universitario Nezahualcóyotl, perteneciente a la UAEMex se encuentra en paro desde hace algunos días. Se había mantenido al margen de estas acciones cuando otros espacios académicos hermanos se iban a paro. No más. No cuestiono las causas, pero sí los medios que se han seguido. Los participantes deberían evaluar lo que ganan y lo que pierden por seguir este camino. Siempre existen alternativas que implican el uso de los canales institucionales. La solución no está en las manos de sólo uno de los grupos de interés, sino de todos. Sin embargo, no llamar a reactivar las actividades académicas, sin que ello implique perdón ni olvido a los presuntos culpables, podría traer costos que tendrán que pagar al menos las generaciones que en este momento están estudiando así como los docentes que estén en algún proceso que requiera actividades formales y cuyo plazo esté próximo a cumplirse.
Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM