Desde que surgieron los sistemas de pensiones, en el país se ha abandonado en su totalidad al sector informal de la economía. Aunque existe la posibilidad de que los profesionistas y productores independientes coticen por cuenta propia, lo cierto es que miles, tal vez millones, de microempresarios están fuera de la cobertura que otorga la seguridad social, tanto en términos médicos como en materia de pensiones. La pandemia y el confinamiento han evidenciado la necesidad de incorporar a aquellos sectores excluidos. Con este nuevo Gobierno se crearon condiciones para que las empleadas domésticas pudieran tener acceso al IMSS , por lo tanto, ya existen antecedentes que permitan crear condiciones para incorporar la seguridad social al sector informal de la economía y a un sector que va en ascenso, pero que ha sido totalmente excluido: los trabajadores de plataformas digitales tipo UBER.
Es en extremo difícil definir a la Economía informal . Bajo una perspectiva, algunas actividades podrían ser consideradas informales y, bajo otra, no. Por poner un ejemplo, un profesionista independiente, como un agente de seguros, un abogado o un contador, que trabaja por cuenta propia, puede ser considerado como parte del sector formal de la economía, pero no genera condiciones para recibir una pensión de parte de algún organismo público. En el mismo lugar se encuentran los trabajadores de oficio como los taxistas o mecanicos, también trabajadores agrícolas que producen en su propia tierra, vendedores ambulantes, comerciantes de tianguis y mercados, etc. A los anteriores se ha sumado un gran ejército: los que encuentran trabajo en plataformas digitales, desde los que prestan servicio de transporte hasta los que llevan alimentos y otros productos a domicilio. Visto así, es más fácil definir a todos los anteriores como miembros de la población económicamente activa, más que de la economía informal.
Los mexicanos que se ocupan en el empleo informal se cuentan por millones. La suma de los trabajadores que cotizan ante el IMSS más los del ISSSTE rondan aproximadamente el 50% de la Población Económicamente Activa (PEA); existen otros que cotizan en los sistemas de seguridad social estatales, fuerzas armadas y sector energético, pero aún así la suma de los que están fuera de la seguridad social son al menos el 40% de la PEA. Gran parte de la población del país acude a clínicas y hospitales del Sector Salud porque, además, los ingresos familiares obtenidos en el sector informal son, las más de las veces, de auténtica sobrevivencia. A todos los anteriores se deben sumar los que encuentran trabajo en plataformas digitales que, “astutamente”, son considerados “socios” y no empleados. De este modo, el capitalismo digital deja fuera de la seguridad social a miles, tal vez millones de trabajadores.
La situación es simple: si el ciudadano no encuentra trabajo y tiene acceso a un teléfono inteligente, puede hacerse “socio” de alguna de estas plataformas. Así, el nuevo “socio” debe comprar los artículos que los consumidores finales le solicitan, los entrega y recibe un porcentaje del precio de venta. Dicho porcentaje equivale a trabajar a destajo, es decir, si hay venta, hay ingreso. En el caso de los choferes, los conductores o los dueños de los vehículos son los que deben reducir sus ganancias como consecuencia de las promociones que la empresa establece y operar en un libre mercado donde la demanda determina la tarifa. En otras ocasiones, la plataforma permite ofrecer servicios de mensajería inmediata. El trabajo está presente, el capital se conforma por el vehículo y por el valor de la plataforma comercial. Sin embargo, por un artilugio legal, al trabajador se le considera “socio”; al empleado se le descuenta la parte correspondiente a los impuestos, pero no se le otorga seguridad social. Capitalismo digital despiadado al máximo.
La pandemia recorrió el velo de la seguridad social en el mundo. No estábamos preparados para algo como esto. El contexto permite entender la necesidad de extender la cobertura de la seguridad social a la totalidad de la población. En México ya se realizó un primer experimento al incorporar a las trabajadoras domésticas, es tiempo de crear condiciones para que el resto del empleo informal también lo haga. Esto tendrá un costo, que tarde o temprano se incorporará en el precio pagado por el consumidor final. Ese será el costo social de las políticas públicas en materia de seguridad social, pero el costo de que la población no cuente con esta cobertura lo estamos pagando ahora: en pérdida de vidas humanas, en población desprotegida y en empleos precarios. Es tiempo de actuar a favor del empleo informal y reducir las ganancias del capitalismo digital.
Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón, UNAM.
