Por: Darío Ibarra Zavala[1] y Gustavo Acua Popocatl[2]
Aparentemente las instituciones internacionales y los gobiernos nacionales tienen un antecedente histórico en común que justificó su creación: por parte de los gobiernos, éstos surgieron para justificar el monopolio de la violencia por parte de un segmento de la población, con el ánimo de proveer de seguridad a todos los miembros de la sociedad; por parte de las instituciones internacionales, su objetivo original fue suprimir a la guerra como medio para que los gobiernos alcanzaran sus distintos objetivos relacionados con ella, suministrando un paraguas de seguridad mutua a los todos estados integrantes de estas instituciones. Con el paso del tiempo, ambas organizaciones políticas evolucionaron para dotar a las sociedades servicios fundamentales que procurasen un cierto nivel de bienestar básico, los cuales originalmente no estaban en sus agendas; en el caso de los gobiernos nacionales, las presiones para proveer tales servicios tuvieron lugar a partir de los movimientos sociales que se desarrollaron en la Europa de mediados del siglo XIX, mientras que en las instituciones internacionales los procesos de descolonización que se manifestaron en el década de los sesentas del siglo XX influyeron para que las instituciones ofrecieran ayuda económica y política a los países recientemente independizados de Asia y África.
En el presente, las instituciones internacionales han servido como marco de cooperación, a veces forzada, para que los gobiernos de los países miembros articulen sus políticas para enfrentar problemas que unilateralmente no pueden resolver, problemas que desbordan por mucho su capacidad de respuesta, como sucede con el narcotráfico, el terrorismo, el calentamiento global, la migración internacional, etc. Actualmente, resolver el problema de la pandemia COVID-19 es el ejemplo más ilustrativo del tipo de cooperación internacional que se amerita coordinar a través de las instituciones internacionales.
Delegar a una institución internacional la misión de resolver los problemas internacionales en ocasiones no es una decisión fácil o prioritaria para los gobiernos nacionales, pues con frecuencia la cooperación internacional significa sacrificar sus márgenes de maniobra nacional, o ceder recursos que podrían dedicarse a otras prioridades locales, también significa subordinar los temas de sus agendas locales prioritarias para alcanzar las metas particulares de la institución. Que una institución internacional alcance prestigio resolviendo los problemas que los gobiernos nacionales individualmente no pueden atender, puede ser un éxito en detrimento del propio prestigio de los gobiernos nacionales: es por esto que desde su fundación, estas instituciones internacionales hicieron temer a sus integrantes (los gobiernos) que su evolución pudiera conducir a que ellas predominaran políticamente por encima de las soberanías y las agendas de los países miembros. Esa fue una de las razones para limitar el acceso a los recursos de este tipo de instituciones.
Sin embargo, en el actual combate de la pandemia COVID-19, se pone de manifiesto el alto nivel de cooperación que se puede manifestar entre instituciones internacionales y gobiernos nacionales, de tal forma que ambos se presenten ante la sociedad internacional como actores claves para resolver problemas de la sociedad globalizada, pues las instituciones están procurando coordinar políticas globales, las cuales son delegadas a los gobiernos nacionales para su instrumentación, alcanzando así ambas organizaciones un nivel de legitimación considerable. Particularmente con esta pandemia, los gobiernos nacionales pueden salir reforzados en su capacidad de gestión del problema, pues las recomendaciones para superar la crisis formuladas por organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, La Comisión Económica para América Latina, el Banco Mundial, etc. Van dirigidas a fortalecer el papel de los gobiernos en el combate de la crisis.
Este es el caso del Fondo Monetario Institucional, institución que ha hecho públicas las 7 acciones dirigidas a enfrentar las consecuencias financieras de la pandemia COVID-19: llevar a cabo financiamientos de emergencia, sobre todo a economías frágiles, mismas que han presentado más de 100 solicitudes de apoyo desde marzo; aplicación de subvenciones para el alivio de las deudas pagaderas en este año y principios del 2021; peticiones para que los pagos de las deudas contraídas bilateralmente por los gobiernos se pospongan para el 2021, o bien, exista una total condonación; realización de acciones específicas para incrementar la liquidez de los países miembros, de tal forma que puedan enfrentar los costos relacionados con las compras masivas de vacunas cuando estén disponibles; aplicación de ajustes a los acuerdos crediticios que ya existen; asesoramiento en materia de políticas económicas y desarrollo de capacidades.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) lanzó un programa de 4 pasos para mantener activos los mercados internos latinoamericanos afectados por esta crisis mundial: garantizar un ingreso básico de emergencia, que consiste en una transferencia monetaria equivalente a 143 dólares a precios de 2010 durante al menos 6 meses; implementar un bono contra el hambre como complemento del ingreso básico de emergencia para toda la población en situación de pobreza extrema; aumentar la liquidez de las empresas, principalmente las de menor tamaño, mediante la postergación o cancelación de los pagos de impuestos (estímulos fiscales), imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o adelanto de las devoluciones de impuestos; proponer al FMI que haga una importante emisión de derechos especiales de giro (DEG) para aumentar la liquidez y permitir los países hacer frente a la disminución de sus reservas internacionales. La CEPAL estima que los efectos de la crisis llevarían al cierre más de 2.7 millones de empresas formales en Latinoamérica, con una pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo.
La Organización Mundial del Comercio no ha emitido recomendaciones propiamente para enfrentar la pandemia, pero ha agilizado los procedimientos formales para que los gobiernos notifiquen ante ella las medidas comerciales de emergencia aplicadas a partir de marzo de este año, por medio de tales notificaciones los países anuncian qué tipo de productos no son elegibles para darles un trato bajo las reglas de la OMC debido a la situación crítica que se vive, pero también notifican situaciones en donde el mercado se abre para ciertos productos para poder atender la situación, como ha sucedido con varios países que han abierto sus mercados a los medicamentos y al equipo médico, por ejemplo. Hasta este momento la OMC ha recibido 288 notificaciones lo cual significa una cifra sin precedentes en el comercio mundial. Los tres primeros lugares en este número de notificaciones lo ocupan respectivamente Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que México sólo ha sometido una. Estas notificaciones no sólo significan obstáculos impuestos al comercio, sino que también abren oportunidades al mismo.
Lo que tienen en común las acciones y las recomendaciones de estas 3 instituciones internacionales, de las más influyentes desde el punto de vista financiero, económico y comercial, es que no dejan espacio para que los gobiernos nacionales se replieguen y dejen que los mercados o los actores sociales sean los que tomen la iniciativa en emergencias como la que se vive, la cual tiene las características fundamentales para denominarse un asunto de seguridad nacional. Por encontrarse en riesgo la población, es difícil invocar a la desregulación, al laissez faire, al equilibrio “natural” o cualquier doctrina que justifique que los gobiernos no asuman una responsabilidad que les atañe y que legitima su sola existencia. En esta pandemia COVID-19, por su naturaleza global, es posible apreciar cómo dos organizaciones políticas: los gobiernos nacionales, y las instituciones públicas, se pueden complementar mutuamente y al mismo tiempo, legitimarse ante los ciudadanos al abordar desde distintos ángulos las soluciones que la sociedad globalizada espera.
[1] Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón, UNAM.
[2] Profesor de tiempo completo dele Centro Universitario UAEMex Nezahualcóyotl.
