Uno de los principales problemas económicos y ambientales no sólo de México, sino del mundo entero es la gestión y tratamiento del agua. En no pocos foros se viene diciendo hace años que las próximas guerras serán provocadas por la escasez del vital líquido. El cambio climático está jugando un papel determinante en la oferta sustentable este recurso, pues los diversos climas se están alterando y los fenómenos meteorológicos están siendo cada vez más extremos, provocando que donde abundaba este recurso ahora haya sequías prolongadas. Por lo anterior es que es crucial llevar a la arena política, económica y de salud pública el tema del agua. Su adecuada gestión puede dar viabilidad a sociedades enteras o, en caso opuesto, puede ser el factor que provoque su colapso.
Apenas el año pasado la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, sufrió un episodio de falta de recursos hídricos consecuencia de una inadecuada gestión del agua y de una sequía sin precedentes. En este Estado es que el día de ayer tuvo lugar el foro “el agua como derecho fundamental y derecho la protección de la salud de la población”, auspiciado por la organización Médicas y Médicos por la Nación y el Senado de la República. El tema por supuesto tiene muchas aristas, desde la sustentabilidad, la comercialización los Derechos Humanos, la gobernanza, el mercado hídrico, etc. Por ello es que es importante que sea abordador desde diversas disciplinas y llevado a la discusión pública que permita tener una mejor gestión del vital líquido.
Sigue siendo cierto que el gran consumidor de agua en nuestro país es el sector agrícola: por lo menos el 75% de los recursos hídricos son consumidos por este sector. La solución a los diversos problemas asociados a la escasez agua necesariamente debe incorporar al campo. Nadie pone a discusión que el agua es necesario para el sector primario: ni la agricultura, ganadería, pesca y sector forestal son viables sin el uso del agua. De hecho, son sectores intensivos en el uso del líquido. Sin embargo, la tecnificación del campo, el riego por goteo, regar durante las noches, entre otras medidas que los ingenieros agrónomos proponen, ayudarían a reducir en cierto porcentaje el excesivo consumo de este sector.
La industria también juega un papel importante. En algunos casos crucial, pues la contaminación de cuerpos de agua por desechos industriales, como puede ser pintura o aceites, contamina no sólo las fuentes superficiales sino también las subterráneas. La contaminación del agua implica problemas de salud pública que pueden evitarse tan sólo con el cumplimiento de la normatividad, pero asegurarse de que esto ocurra implica fortalecer a CONAGUA y a los Organismos Operadores de Agua locales, que en algunos casos a penas y puden gestionarse. La labor no es simple, pues implica destinarles mayores recursos materiales y humanos.
El sector residencial también juega un papel importante. La adecuada administración del agua, así como pagarla oportunamente, ayuda a la reparación de fugas y al adecuado tratamiento del líquido, de modo tal que al llegar a los hogares sea potable. Sin embargo, cobrar por el servicio no es algo políticamente atractivo, tampoco a la población le gusta tomar la responsbilidad social de pagar. Por su naturaleza, el servicio se sigue prestando, aunque con deficiencias, así en algunos lugares se otorga servicio por tandeo y en otros la calidad del agua que llega a los hogares es tal que beberla representa un auténtico problema de salud para la población. En todo caso, es importante que los distintos niveles de Gobierno asuman esta condición y lo incorporen en sus gastos ordinarios.
El foro de ayer permite llevar el tema a foros importantes como el Senado de la República. Definitivamente se requieren análisis más profundos, donde consultores, académicos, funcionarios públicos y población en general puede y debe participar para que el acceso al vital líquido sea una realidad para la totalidad, o al menos gran mayoría, de la población, de modo sustentable. No considerar este último factor, la sustentabilidad, puede echar por la borda cualquier tipo de normatividad o política en la materia.
Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM y UDLAP Jenkins Graduate School.
