Adiós al outsourcing

Darío Ibarra

Durante décadas se ha llevado a cabo una política laboral que en el discurso busca mejorar el nivel de vida de los trabajadores, pero en la práctica ha significado la reducción en el poder de compra del sueldo, mayor concentración de la riqueza en unas cuantas manos, condiciones poco adecuadas para recibir una pensión decorosa y, en pocas palabras, el deterioro en el nivel de vida para el grueso de la población. Ahora que se han dado los primeros pasos para revertir lo anterior, de inmediato han surgido voces que auguran mayor desempleo como consecuencia de la posible prohibición del outsourcing. La evidencia muestra que los trabajadores tienen menor poder de negociación que los empleadores.
Definitivamente es necesario crear un marco normativo que permita recuperar el poder de compra, y el nivel de vida, de la clase trabajadora. Una medida puede ser la desaparición de esta figura, pero el propio Gobierno, en sus diferentes niveles, deberá acatar la norma.

Uno de los mantras de los economistas en del pro libre mercado extremo es que la ausencia de restricciones en el mercado laboral permitirá que los más eficientes, y por lo tanto productivos, alcancen los mejores puestos y mayores sueldos. Bajo este enfoque, existen incentivos para que los trabajadores busquen ser más productivos, pues de ello dependerá tener un mejor nivel de vida. Lamentablemente la fábula del libro de texto en contadas ocasiones se materializa en la vida real. Para alcanzar mejores puestos laborales es mejor apelar a la hipótesis de las redes sociales o networking, es decir, los mejores empleos se consiguen por las personas a las que conocemos y las relaciones que entablamos, no necesariamente, de modo primario, por las capacidades que poseemos. El apadrinamiento laboral es una realidad, tanto en el sector público como en el privado.

La liberalización del mercado laboral no ha traído mejoría en el nivel de vida del grueso de la población, por el contrario, hasta la presente administración se ha incrementado el sueldo mínimo y el promedio de cotización del IMSS. Esto ha sido posible gracias a una política de Estado de recuperación salarial. Ahora le toca el turno al esquema outsourcing.

Es indiscutible que los mercados funcionan mejor cuando hay flexibilidad en éstos. Pero se corre el riesgo de abusar del esquema y crear condiciones que se traduzcan en condiciones adversas para una de las partes. Es el caso de muchos trabajadores que son contratados por una empresa que les paga, pero su labor la realizan en otra. La empresa donde realmente trabajan no asume ninguna responsabilidad en términos de derechos de los trabajadores. La empresa contratante que le paga al trabajador puede o no otorgar prestaciones de ley. Las más de las veces el trabajador no posee la suficiente información para saber a quien reclamar: si a la empresa que le paga o donde efectivamente trabaja. Por decir lo menos, se trata de una situación donde existe información asimétrica y diferente poder de negociación.

Lamentablemente algunos espacios públicos, pasando por entidades federales, estatales, municipales y universidades, suelen hacer uso de este tipo de servicios. Particularmente con personal de seguridad, de mantenimiento y de intendencia. De prohibir este esquema de contratación, el reto es que el sector público también cumpla con la norma y que se establezca un nuevo esquema en el que los empleadores no solucionen el problema con despidos masivos.

En el país alrededor del cincuenta por ciento de la población económicamente activa labora sin prestaciones. Se encuentran en el sector informal o por lo menos semi informal. Aun al trabajar en instancias públicas es común que parte de la plantilla laboral no tenga prestaciones. El outsourcing puede ser un esquema que da flexibilidad al mercado de trabajo, pero también ha generado condiciones para que los trabajadores no tengan prestaciones sociales de ley. Es un hecho indiscutible que la política laboral de las últimas décadas se ha traducido en deterioro en el nivel de vida de gran parte de la población. La propuesta de prohibir el outsourcing busca revertir esta medida. Hay quienes opinan que esto se reflejará en mayor desempleo, otros creemos que se abusó de esta figura y que es necesario revertirla. Los efectos los veremos en algunos años.

Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón, UNAM.

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