La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha presentado un plan de austeridad, ahorro y transformación, al que ha llamado «Plan B». Como lo prometió en campaña, una vez realizado el análisis y las posibilidades reales que se tiene de profundizar la construcción que se encuentra haciendo, con millones que la respaldamos, de lo que se concibe como el segundo piso de la 4T, se plasma en un documento la forma de ejercer los recursos de manera aún más responsable y transparente. El Plan B, que tiene como ejes primordiales la disminución de privilegios para los servidores públicos y la optimización de recursos, es una iniciativa con sello humanista pues busca asignar el ahorro resultante en programas sociales e infraestructura que beneficie a la población en su conjunto.
Entre las propuestas centrales del Plan B está la revocación de mandato. Este es un mecanismo que reafirma la convicción de quienes luchan por transformar y no luchan por el poder, porque se somete al refrendo, justo a la mitad de la gestión, el respaldo que dé la población. Con este mecanismo se le devuelve el poder a la gente y a su vez se fortalece el sistema político pues asegura que los representantes se mantengan alineados con las expectativas y demanda de sus gobernados.
Para nadie debiera ser motivo de resistencia, crítica o señalamientos en sentido negativo el pretender que se fomenten medidas de austeridad a través de recortes significativos a los privilegios aún existentes y que con el expresidente Andrés Manuel López Obrador se comenzaron a erradicar, De esto y más trata la transformación: Eliminar los privilegios y la corrupción de la época neoliberal; esa es la convicción y la lucha por la que se buscó llegar al poder, eso se planteó con total firmeza, franqueza y autoridad. Al seguir la 4a. transformación, es evidente y de esperarse que siguiera esta recomposición de costos del sistema gubernamental. Para lograrlo, se plantean varias acciones concretas:
Reducción del presupuesto del INE: Se revalorará el gasto del Instituto Nacional Electoral con el fin de que sus recursos sean utilizados de manera más eficiente, eliminando gastos innecesarios.
Disminución de privilegios en los municipios: Se establece una limitación en el número de regidurías, que serán desde 7 a máximo 15, además de restringir a solo 1 síndico por municipio, para evitar la duplicidad de funciones y eficientar el gasto.
Tope presupuestal a los congresos locales: Se propone que el presupuesto de estos órganos no exceda el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad, garantizando así que se utilicen los recursos de manera responsable.
Reducción del presupuesto del Senado.
Fiscalización y rendición de cuentas sobre el uso de recursos asignados a partidos políticos.
Con el Plan B de la Presidenta se implementarán una serie de mecanismos para someter a revisión, fiscalización y transparencia el gasto de los recursos públicos. Este esfuerzo estima un ahorro de más de 4 mil millones de pesos, pero también la posibilidad de los representantes de fortalecer la confianza de la ciudadanía en ellos y cumplir con la expectativa de la sociedad, votando a favor del Plan B que se traduce en un futuro más justo y equitativo para todas y todos los mexicanos.
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