Una condena por robo

Daniela Ancira Ruiz

Hace un par de días, desde Proyecto Libertad, una iniciativa de La Cana para defender a mujeres inocentes en prisión, asumimos la defensa de Sandra, una mujer acusada por robo a transporte público.

A Sandra, de 21 años de edad, su novio le prometió que juntos irían a escoger su regalo de cumpleaños. En camino a la tienda, subieron a un vagón del metro en el que iban otras 5 personas.
A medio trayecto, el novio de Sandra decidió asaltar con un arma a uno de los pasajeros, a quien le robó el celular.

En ese instante, los pasajeros detuvieron a Sandra y a su novio, y los llevaron al Ministerio Público más cercano, donde fueron puestos a disposición del Juez, y posteriormente condenados a 8 años de prisión.

A primera vista, este caso parece uno ejemplar de impartición de justicia. Dos personas fueron detenidas en flagrancia cometiendo un delito, juzgadas de manera expedita, y eventualmente trasladadas al reclusorio donde hoy cumplen una condena.

Un asunto que pasaría desapercibido, pues se trata de dos delincuentes más, asaltando a pasajeros en el transporte público. Algo que desafortunadamente pasa todos los días. ¿Por qué, entonces, desde Proyecto Libertad decidimos asumir la defensa de Sandra?

Independientemente de que la participación de Sandra en el delito es cuestionable, pues ella asegura no haber tenido conocimiento de las intenciones de su pareja de asaltar al otro pasajero, lo cierto es que cuando hablamos de privar a alguien de su libertad durante casi una década, debemos mirar más allá. Debemos analizar los contextos de las personas que entran a prisión, mirar el asunto con perspectiva de género, y entonces decidir si la privación de la libertad es la mejor solución para que esa persona se reintegre a la sociedad.

Sandra es una mujer de 21 años de edad, no sabe leer ni escribir, tiene 2 hijas menores de edad, y no tiene nadie que se haga cargo de ellas en el exterior, por lo que seguramente terminarán bajo la custodia del DIF.

En la cárcel, Sandra no tendrá acceso a ningún tipo de educación de calidad, tampoco tendrá un ingreso económico con el cual solventar sus gastos dentro de prisión, o enviar dinero a sus hijas, por lo que tendrá que buscar -en la delincuencia, que es la única opción dentro de la cárcel- una fuente de ingresos para sobrevivir. Quizás se dedicará a contrabandear artículos prohibidos, a extorsionar, o a prostituirse en el penal de hombres por unos cuantos pesos. Quizás pierda contacto con sus hijas y serán abandonadas a su suerte. En el mejor de los casos, trabajará haciendo “talacha” para otra interna, y no se meterá en problemas; pero me atrevo a afirmar, tras más de cinco años de visitar las cárceles de México, que el pasar 8 años en prisión no le sumará en absolutamente nada para crear un proyecto de vida distinto al que la llevó a prisión.

En este tipo de asuntos, vale la pena preguntarse, ¿realmente es la cárcel la mejor opción para mujeres como Sandra?, ¿realmente el castigo que se le impone es proporcional al supuesto daño causado?, o valdrá la pena considerar algún mecanismo alternativo para solución de controversias y evitar la privación de la libertad, no sólo en aras de la eficiencia de recursos del Estado, sino también por aspirar a una verdadera reinserción social, y no a la simulación de justicia que hoy son nuestras prisiones.

Un estudio de Impunidad Cero, identificó que el 53% de las condenas dictadas en el país por jueces locales, fueron -en promedio- menores a 3 años, y hay entidades donde éste índice rebasa el 70%.1¿Qué pasaría si dejamos atrás esta mirada punitivista ante absolutamente todos los posibles delitos cometidos?

Si logramos obtener la libertad de Sandra, ella entraría en el Programa de Seguimiento en Libertad de La Cana, donde tendrá la oportunidad de terminar su educación básica, se le canalizará a un empleo formal, recibirá atención psicológica para ella y sus hijas, y contará con una red de apoyo que la seguirá por el tiempo que ella lo requiera. Sus oportunidades para lograr una verdadera reinserción en la sociedad, aumentarían considerablemente. Los números hablan por sí solos: en este tipo de programas, el índice de reincidencia es únicamente del 4%, a diferencia del 63.6% que existe a nivel nacional.2

Basta con dejar de ver a las personas en prisión como simples números de expedientes, y comenzar a verlas como seres humanos. Basta con mirar los contextos en los que se desenvolvieron, sus historias de vida, y sobretodo, pensar cómo podemos hacer para que su camino no siga siendo el de la delincuencia, la pobreza, o la violencia.

Organizaciones de la sociedad civil hemos demostrado que esta mirada humana ante el sistema penitenciario, funciona para todos como sociedad. Insisto, si no queremos empatizar con las historias de vida de quienes hoy están en prisión, por lo menos hagamos consciencia de que como están hoy nuestros sistemas penitenciarios y de justicia penal, no nos está llevando a ningún lugar. Y partamos de ahí para proponer e implementar políticas públicas que realmente nos permitan construir un México en paz, los resultados bien podrían sorprendernos.

 

1 Ángel, Arturo. “Delitos menores saturan los juzgados del país, consumen tiempo y recursos: estudio”, disponible en https://www.animalpolitico.com/2018/07/delitos-menores-saturan-los-juzga...

2 Observatorio Nacional Ciudadano (blog), “Reincidencia delictiva: ¿Qué dicen los datos y la economía del crimen?”, disponible en https://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/201...

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