El pasado 7 de noviembre, la CNDH presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (“DNSP”). Instrumento que permite analizar la situación del sistema penitenciario del país al presentar las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad, tomando en cuenta indicadores relacionados con la integridad personal, estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social, y atención a internos con requerimientos específicos.
Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora General, dio a conocer que de 2015 a 2019, nuestra Calificación Nacional en la evaluación del sistema penitenciario, ascendió de 6.92 a 7.43. Sin embargo, estas cifras no son motivo de celebración, y mucho menos debemos conformarnos.
Si algo nos demuestran las cifras que arroja el DNSP, es que nuestras cárceles están muy lejos de tener las condiciones que propicien la reinserción social de quienes están privados de la libertad: 72.68% de las prisiones estatales no cuentan con suficiente personal, 62.84% carece de condiciones materiales, equipamiento e higiene en las áreas de dormitorios; 51.91% carece de programas de prevención y desintoxicación de adicciones; en el 40.44% de ellas se observó la presencia de actividades ilícitas, y en el 32.79% existe una deficiencia en los servicios de salud.1
Una cifra que me llamó más la atención: El 66.67% de las cárceles no tiene suficientes actividades laborales y de capacitación. Es decir que, los internos e internas, además de vivir en condiciones deplorables donde la violencia, el maltrato y la tortura forman parte de su rutina diaria, debe agregarse el hecho de que tampoco están aprendiendo nada nuevo en cuanto a capacitación laboral y empleo.
¿Qué podemos esperar de las personas que pasan años, quizás décadas, privadas de la libertad en estas condiciones y de pronto se enfrentan con la vida en libertad? ¿Cómo esperamos que nuestros presos dejen de delinquir si no les brindamos ni siquiera la opción para que aprendan un oficio en el que se puedan ver remunerados lejos de la delincuencia? En este contexto, no debe sorprendernos que 1 de cada 4 personas reincida, y 52% de ellas lo haga dentro de los 2 primeros años de obtener su libertad.
Quienes trabajamos con población penitenciaria, vemos esta historia todos los días: una persona –que ya venía de contextos de pobreza y violencia- entra a prisión. En ella, no se le ofrece oportunidad laboral alguna ni capacitación para el empleo, sino que por el contrario, son propensas al contagio criminógeno al tener que hacer lo que sea necesario para sobrevivir, incluyendo, desde luego, delinquir para obtener un ingreso. Al obtener su libertad, regresa a la vida delictiva, pues no tiene las herramientas para ganarse la vida lejos de ella.
Insisto, la inseguridad en este país no puede resolverse aislando y apartando, sino afrontando y atendiendo los problemas desde la raíz: invertir y promover programas de reinserción social que permitan a las personas privadas de la libertad construir un proyecto de vida lejos de la delincuencia, es una necesidad urgente que tenemos como sociedad, si realmente queremos hablar de construcción de paz en el país.
Las cifras que arroja el DNSP deben preocuparnos, al igual que nos preocupa la terrible crisis de violencia e inseguridad que estamos viviendo. No podemos hablar de paz, si no hablamos, también, de reinserción social.
1 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf
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