La relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad y justicia se ha fincado en las últimas décadas a partir de un principio de desconfianza, corrupción e inmadurez institucional de nuestro país frente a los norteamericanos. Estos se encargan de investigar y perseguir a la delincuencia en nuestro territorio conforme a sus prioridades y no a partir de una agenda conjunta, en donde el apoyo tecnológico y equipamiento que proporcionan se operan siempre en su beneficio. Esta relación es amplia y compleja, implica un proceso de integración interregional, no es una simple relación entre naciones regida por el principio de reciprocidad.

La relación con Estados Unidos no puede construirse a partir de la desconfianza. Se requiere aceptar las debilidades, pero también reconocer las fortalezas, como norma de la nueva relación. Los norteamericanos deberán reconocer que nuestras instituciones han alcanzado la mayoría de edad y que somos capaces de interactuar con ellos en procesos de seguridad y justicia en beneficio de ambas naciones.

La reforma a la Ley de Seguridad Nacional propuesta por el Ejecutivo Federal, pudiera considerar algunos aspectos complementarios, sobre todo asumir que la mayoría de la investigación contra la delincuencia en esta época, no se efectúa a través de agentes en campo, sino mediante la explotación de información sensible obtenida mediante la utilización de tecnología y en muchos casos obtenida de servidores que se encuentran en el extranjero.

La relación México-Estados Unidos se asemeja más al fenómeno de interregionalización que se ha presentado en la Unión Europea, que a una relación ordinaria entre naciones soberanas. Es necesario reconocer este fenómeno y regularlo con leyes modernas, que sean efectivas y de posible cumplimiento, que estimulen una interrelación que respete la verdadera soberanía de nuestro país y los derechos de las personas.

Las agencias extranjeras obtienen la información mediante satélites, drones, internet profunda y porque poseen las “llaves” de los principales servidores de comunicación, por lo que se requiere de un andamiaje legal mas amplio y profundo, no solo una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, inclusive se deben considerar los casos de implementación de nuevas tecnologías que manejen la información nacional; un ejemplo de esta problemática es el bloqueo que ha impuesto el gobierno norteamericano a la red 5G, aduciendo que es el gobierno chino el que controlaría su información.

Considero que el andamiaje jurídico debe acompañarse de la implementación diplomática y técnica-operativa. La interacción en temas policiales, de procuración e impartición de justicia, por su naturaleza deben respetar el debido proceso, y la competencia en ambos lados de la frontera deberá ser de las fiscalías y de los jueces. La primera basada en los convenios de cooperación internacional, la segunda la referida al despliegue y materialización operativa de la investigación e intercambio de información mutua en la que las responsabilidades de los participantes sea clara y precisa.

Debemos aprovechar los vientos de cambio en los Estados Unidos, no perdamos el rumbo, no nos dejemos llevar por las dádivas económicas y de tecnología que nos ofrezcan. Los problemas son corresponsabilidad de ambas naciones; se requiere una nueva relación respetuosa e igualitaria.

Exconsejero de la Judicatura Federal

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