La SRE anunció la presentación de una demanda ante las instancias judiciales norteamericanas, contra 11 empresas fabricantes de armas por su comercio “negligente”. También afirmó que más de medio millón de armas se trafican anualmente hacia México y que el daño causado es aproximadamente del 2% del PIB. 
 
Debemos congratularnos por esa acción legal, cualquier decisión de este calado requiere decisión y voluntad política, además de un trabajo previo exhaustivo, de ahí que me resulten algunas inquietudes que estimo pudieran sumar al éxito de este desafío que México enfrenta. 
 
Un antecedente es la resolución del máximo tribunal alemán en contra de la fábrica de armas Heckler & Koch, por la exportación ilegal de fusiles de asalto a México. La controversia fue planteada por organizaciones de la sociedad civil afirmando que indebidamente el fabricante había vendido a nuestro país armamento sin tomar en cuenta que existía prohibición judicial sobre su distribución en algunas entidades federativas, lo que provocó a la postre graves violaciones a derechos humanos. Se desconoce por qué se optó por demandar a las empresas privadas en la vía civil ante una corte norteamericana, en lugar de usar las instituciones del derecho internacional y demandar al Estado Norteamericano la imposición de medidas efectivas.  
 
En su defensa, las empresas demandadas han señalado que es responsabilidad del gobierno mexicano el tráfico ilegal de armas que nos afecta y que las verdaderas causas son la corrupción, impunidad y violencia que padecemos. Lo cierto es que cada país es responsable de lo que ocurre en su territorio y de su frontera, pero existe corresponsabilidad en el problema. 
 
La resolución estará en manos de autoridades judiciales de Boston, Massachusetts, en donde México enfrentará acusaciones de corrupción y crimen organizado como la causa generadora del tráfico, y será ese el tema que se discuta. En el caso alemán nuestro país fue imputado de falsificación de documentos, pero sí se condenó a la empresa por la violación a las obligaciones legales y de cuidado que debería tener en la venta de armamento con restricción; se impusieron medidas efectivas y no se cuestionaron los problemas de criminalidad. 
 
En EUA la venta de armas entre particulares, que no tiene control ni seguimiento por las autoridades, es una de las debilidades que han aprovechado los criminales. En términos del derecho internacional, los Estados pueden incurrir en responsabilidad internacional cuando sus actos producen daños transfronterizos a otros Estados o a sus habitantes, y las personas jurídicas particulares pueden incurrir en violaciones a los derechos humanos cuando producen daños a los habitantes de un Estado y no atienden obligaciones internacionales de respeto, garantía y prevención con actos que indirectamente afecten a las víctimas de un delito. 
 
El problema con la demanda planteada es que por un lado conllevará que sea una corte extranjera la que efectúe la valoración de la política y actuación del Estado mexicano frente a la DO, y por otra parte, la misma instancia judicial cuantificará los daños al Estado mexicano por las omisiones de las fábricas de armas; daños que serán muy difíciles de probar y cuantificar. Si hubieran demandado las víctimas, el daño estaría probado y la obtención de medidas que frenen el contrabando de armas sería más factible, como fue en Alemania.

Consejero de la Judicatura Federal2009-2014

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