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Salud pública: un tema de seguridad nacional

28/05/2020
02:09
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En los últimos meses se ha discutido sobre la descoordinación entre los Estados y la Federación en la atención de la pandemia generada por el Covid-19. Seguramente pocos ponemos atención en los mandatos constitucionales y legales que existen para la solución de estos temas emergentes, pero, además se ha hecho evidente la falta de una legislación que ordene y articule los esfuerzos que hacen nuestras autoridades.

Aún en la emergencia, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les mandata, respetando la estructura jerárquica federada, por lo que es necesario que no solo observemos críticamente cómo se está atendiendo el problema de salud pública, sino que se requiere revisar el marco jurídico que regula la atención al fenómeno por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, y la posible participación de la sociedad civil organizada. No acatar esas leyes puede generar a las autoridades responsabilidades que en un futuro le sean reclamadas.

En nuestro país, existen por lo menos tres áreas jurídicas especializadas en donde algo se regula el tema: a) las finanzas públicas, b) la salud pública y c) la seguridad nacional. Los tres son contextos regulatorios distintos, pero complementarios que privilegian la coordinación; el primero, la Ley de Coordinación Fiscal; el segundo, la Ley General de Salud; y el tercero, la Ley de Seguridad Nacional.

En este espacio, solo me abocaré al último de ellos; la Ley de Seguridad Nacional, que ha sido cuestionada por académicos e integrantes de la sociedad civil organizada, pero es la única ley que se refiere indirectamente al problema de salud pública que enfrentamos, pudiendo considerarlo como una amenaza a la seguridad nacional y, particularmente, como afectación a la unidad y estabilidad nacional.

Es de resaltar la gran participación de la Fuerza Armada Permanente, como el principal recurso que está utilizando el Estado mexicano para atender a la población y enfrentar a la pandemia. El ejército y la armada de México están participando activamente en coadyuvar con las autoridades civiles en la atención directa de carácter médico a través de sus centros de salud, en el control y distribución de todo el equipo, material médico y medicinas, así como la adecuación y el resguardo de instalaciones estratégicas como pudieran ser clínicas y hospitales de atención especializada del Covid-19. Todo ese gran apoyo que nos dan a los mexicanos, requiere de un marco normativo que les de seguridad en su intervención. Las acciones que están realizando, son excepcionales y diferentes a sus funciones ordinarias que regulan sus leyes y reglamentos.

Después de la adecuada declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, sería oportuno retomar la discusión sobre la forma de regular las amenazas a la seguridad interior del país y la coordinación para enfrentarlas, normando la participación de los poderes legislativos y judiciales de ambos niveles de gobierno y de la sociedad civil organizada; esta legislación podría reglamentar la forma de coordinación entre las autoridades locales y federales. El Congreso de la Unión, debe legislar, con profesionalismo y responsabilidad en este tema. Las autoridades están obligadas a respetar el principio de legalidad y el legislativo debe dotarlos de ese andamiaje normativo. Adicionalmente se tendrá que evaluar la congruencia y la homologación con otras normatividades especializadas, como son las de protección civil.

No esperemos a que la próxima diputación señale responsabilidades mediante el estudio de la cuenta pública, muchas acciones y adquisiciones que ahora se realizan y son vistas como actos heroicos al calor de la emergencia, en un futuro pueden ser considerados como desvío de recursos y ejercicio indebido del servicio público.

Nuestros hombres y mujeres comprometidos con México nos lo reclaman. Hagamos algo por evitar señalamientos injustos y distorsionados en el futuro. Este es solo un caso, de los muchos que pueden suscitarse en las distintas áreas de la Administración Pública Federal, démosle seguridad y tranquilidad para el futuro a quienes están hoy cuidando de nuestra salud.

 

Daniel Cabeza de Vaca Hernández
Consejero de la Judicatura Federal (2009-2014). Licenciado en Derecho y Posgraduado en Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato. Maestría en Ciencias Penales por el INACIPE. Fue Procurador...