Los problemas de la “globalización jurídica”, la jurisdicción limitada de los países, los huecos de oportunidad que dejan los sistemas jurídicos por la diferencia entre las culturas jurídicas y la distinta aplicación de las políticas criminales, son elementos de los que se valen las organizaciones criminales hoy en día para realizar sus ilícitos de manera fácil, todo ello dentro del trípode de violencia, corrupción y obstrucción de la justicia en que se sustentan; prefieren operar con menor riesgo en países en vías de desarrollo, donde la corrupción erosiona usualmente al estado de derecho.
Para enfrentar este problema, Samuel González Ruiz y E. Buscaglia proponen la formación de expertos y el desarrollo conjunto de acciones y políticas específicas para diseñar e implementar una auténtica estrategia nacional contra la delincuencia organizada.
Con el cambio de gobierno en Estados Unidos, se abre la oportunidad para incorporar en la agenda bilateral un nuevo paradigma de combate a la delincuencia organizada trasnacional. Una propuesta audaz, que vencería la desconfianza y resistencia que se dan en el actual sistema de colaboración, sería la creación de instituciones conformadas por elementos policiales especializados de México, Estados Unidos y Canadá, para que participen de manera conjunta en investigaciones y compartición de información sensible por canales seguros, creando un verdadero sistema integral de inteligencia común, tanto criminal como judicial, especializados en crimen organizado y delitos de alto impacto.
Un modelo funcional exitoso es la Europol, que tiene por objeto hacer de Europa un lugar más seguro. Su función es apoyar a los Estados miembros en su lucha contra los delitos graves como el terrorismo, la ciberdelincuencia, el tráfico internacional de drogas y el blanqueo de dinero, el fraude organizado, la falsificación de euros y la trata de seres humanos.
La gran frontera que compartimos con Estados Unidos y la creciente integración comercial son un terreno fértil para la delincuencia trasnacional que, por su propia naturaleza, ninguno de los dos países puede enfrentar solo. Canadá, Estados Unidos y México deben actuar con una misma visión y compromiso, para crear, como en Europa, un “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia” en favor de sus habitantes.
Además, se debe trabajar en acercar nuestras legislaciones y elaborar instrumentos transversales de cimiento, destinados a darle operatividad real y jurídica en el combate a la delincuencia organizada. Las diferencias sociales y económicas entre los tres países son un serio obstáculo que agravan la problemática actual, lo que ha derivado en el uso del derecho penal como una herramienta de seguridad pública perdiendo así, su naturaleza de último recurso.
Una vez consolidada, la institución policial que proponemos podrá interactuar con otros Estados de Centroamérica, que se podrán incorporar gradualmente como miembros asociados.
Podría decirse que esta propuesta implica una cesión de nuestra soberanía, pero no es así. De hecho, se trata de un acto soberano, respetuoso de nuestra Constitución que impedirá una subordinación ante la delincuencia organizada trasnacional. Nuestras autoridades encontrarán en la cooperación internacional los equilibrios y las ventajas competitivas adecuadas para preservar nuestra autodeterminación.
