Los recientes hechos de violencia y saqueo en perjuicio de la ciudadanía, del patrimonio y equipamiento urbano, suscitados durante las protestas ciudadanas en la Ciudad de México y en el estado de Jalisco, nos obligan a revisar la actuación de las policías y reflexionar sobre el origen y los objetivos de los pequeños grupos que se hacen llamar anarquistas y que se han infiltrado en los movimientos sociales, para sabotearlos y desacreditarlos. Estas manifestaciones y los grupos infiltrados se presentan en muchos países del mundo en forma casi simultánea, por lo que resulta oportuno analizar algunas experiencias internacionales.
Desde mayo de 1968 nuestros movimientos sociales han estado muy conectados con los verificados en Francia, sin embargo, los hemos enfrentado de forma muy diferente, con resultados también distintos. El reciente movimiento de los Chalecos Amarillos que inició en 2018 puede ser un referente para los movimientos que ahora enfrentamos. En todo ese país las protestas fueron reprimidas con exceso de fuerza y armamento no letal, no obstante que el uso de la fuerza está reglamentado, hubo muchos detenidos a quienes se les siguió proceso penal.
El Estado Galo requiere que los ciudadanos declaren con anticipación que se manifestarán en la vía pública. Esta declaración se realiza en el ayuntamiento o la prefectura entre tres días y quince días antes de la fecha programada. Debe estar firmada por el presidente o un miembro de la asociación organizadora o tres personas responsables del evento, domiciliadas en el mismo departamento, también es necesario especificar el objeto, el lugar, la fecha y hora de inicio y finalización, la ruta, las particularidades del evento, una estimación del número de participantes, los datos de contacto de la asociación organizadora y los responsables del evento.
La reciente actuación de los agentes de policía en nuestro país, dejan ver su escasa preparación, la falta de protocolos, procedimientos y de equipo táctico para el desempeño de su trabajo, además de exhibir una inadecuada coordinación. De seguir así las cosas, pronto habrá hechos que lamentar en perjuicio de la sociedad mexicana y de las instituciones del Estado.
Es de reconocerse la decisión de evitar los enfrentamientos y las provocaciones que siguió la policía capitalina, sobre todo cuando algunos grupos pretenden aprovechar la protesta legítima para realizar acciones con un interés alejado del motivo de la marcha. Sin embargo, no debe soslayarse que las fuerzas del orden están obligadas, en primer lugar, a proteger a la población y, en segundo lugar, su patrimonio, haciendo cumplir la Ley.
En algún momento esos grupos que enturbian el derecho a manifestarse, deberán de ser sometidos mediante el uso de la fuerza legítima necesaria para restablecer el orden y la paz pública, protegiendo así la seguridad y el patrimonio de los habitantes. Lo deseable, es que los cuerpos de policía posean todos los instrumentos descritos para estar bien preparados.
Los tres niveles de gobierno tienen que trabajar para consolidar la política pública que mandata la reciente Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, aprobada por el Congreso de la Unión a propuesta del Ejecutivo Federal, así como trabajar sobre la reglamentación al derecho de manifestarse como lo han hecho los países europeos.
Propongo que la participación de la sociedad civil a través de órganos de supervisión ciudadanos sea obligatoria, junto con los controles internos adecuados que garanticen que la actuación de los agentes de seguridad logre el equilibrio que tanto demandamos; respeto al derecho a manifestarse frente a los derechos de terceros.
Las condiciones ineludibles para que la autoridad pueda ejercer válidamente la fuerza pública son: la primera, que se haga con estricto apego a la ley y a los derechos humanos y, la segunda, que todas esas acciones sean supervisadas y avaladas por la sociedad civil en su conjunto. La utilización de la fuerza pública en los casos que es necesaria, es un atributo al que el Estado no puede, ni debe renunciar.
Exconsejero de la Judicatura Federal
