El acuerdo que México necesita

Las propuestas presentadas por las candidatas a la presidencia respecto a la seguridad reflejan una continuidad de enfoques previos, sin abordar las raíces profundas de la violencia, criminalidad e inseguridad que asolan nuestro país. La Delincuencia Organizada (DO) ejerce control sobre diversas regiones, infiltrándose y corrompiendo numerosas corporaciones policiales y autoridades locales a lo largo del territorio nacional. Mediante el uso de violencia homicida, el tráfico de personas, la extorsión y otros, estas organizaciones imponen su ley. Actualmente, buscan generar bases de apoyo social y dominar la economía en su totalidad. El desafío que enfrentamos trasciende a la seguridad pública o ciudadana; se trata de una amenaza directa a la integridad del Estado Mexicano, que demanda una respuesta a la altura de la gravedad del problema.

La lucha contra la DO es una responsabilidad del Estado, involucrando no solo al Gobierno Federal y a las administraciones locales, sino también a la sociedad civil y a todas las entidades del Estado. Es imperativo no politizar esta batalla durante el periodo electoral, ya que esto podría traer consecuencias desastrosas. Además, es crucial no reducir este problema a una cuestión meramente de seguridad pública o de salud y adicciones. Las estrategias basadas en la prevención, inteligencia y programas sociales no han sido ni serán suficientes para contener a la DO.

El compromiso que las candidatas a la Presidencia pueden ofrecer es enfrentar decididamente a la DO, utilizando todos los medios legales disponibles y liderando una cruzada nacional contra este flagelo. Un paso fundamental es el rechazo categórico a cualquier forma de vinculación o tolerancia de autoridades estatales o municipales con el crimen organizado. Resulta alarmante que, hasta la fecha, este compromiso no haya sido formalizado mediante un acuerdo escrito que exija a los equipos de campaña y a los propios candidatos rechazar el financiamiento procedente del narcotráfico y perseguir legalmente a aquellos que sean hallados culpables de aceptar fondos de organizaciones criminales.

Las candidatas deben promover el respeto al Estado de Derecho y desarrollar una estrategia clara para liderar y movilizar a la ciudadanía en la lucha contra el crimen, incentivando la cultura de la denuncia y la participación en la supervisión de las autoridades de seguridad en todos los niveles de gobierno. Es crucial fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión de la sociedad civil en los procesos de vigilancia y control de las actividades de seguridad.

La experiencia de Italia en su combate contra la mafia sirve de modelo, demostrando la importancia de involucrar a la sociedad en la erradicación de la criminalidad, desmantelando la percepción de beneficio alrededor de los delincuentes y mostrando el daño que causan al Estado y a la economía. Si la próxima presidenta no asume un compromiso firme contra la DO, esta seguirá expandiéndose y consolidando su poder.

Fue un error hablar de guerra contra el narcotráfico, ahora no hablemos de buscar la paz frente a los grupos criminales, hay que aplicarles la ley. México requiere aprender a vivir haciendo suya la cultura de la legalidad, sociedad y autoridades se deben comprometer a respetar las leyes, y el poder público a enfrentar a la DO y encarcelar a los delincuentes.