El uso del derecho penal como elemento activo de la política de seguridad ha demostrado varias deficiencias. El derecho penal en la lucha contra la criminalidad no es suficiente. El derecho y el procedimiento penales se han visto cuestionados por las incertidumbres derivadas de la introducción de términos amplios y vagos en varias leyes, los poderes extraordinarios de las instituciones mal supervisadas y la normalización de procedimientos excepcionales para luchar contra el crimen organizado.
El combate a la delincuencia en nuestro país exige necesariamente reflexionar sobre las políticas públicas que se han implementado en los años recientes, particularmente las relacionadas con la codificación de nuevos delitos y el endurecimiento de las penas.
En nuestro país, a pesar de su vocación democrática y la implementación de una política de respeto a los derechos humanos que ha logrado importantes transformaciones en el sistema de procuración e impartición de justicia, parece que la política criminal, particularmente la relacionada con las herramientas preventivas, se ha basado en la utilización de la pena y la prisión preventiva como instrumentos de inhibición del delito. Partir de esta premisa no solo echa abajo los esfuerzos de años recientes, sino que los pondría en riesgo debido a las cargas y costos adicionales que esto representa.
El derecho penal no puede ser la única herramienta preventiva, si es que lo es, de nuestra política criminal. No es la causa generadora de los problemas de seguridad pública. El maestro de la Universidad de Barcelona Mir Puig ha dicho que “todo derecho penal responde a una determinada política criminal, y toda política criminal depende de la política general propia del Estado a que corresponde”.
Utilizando los criterios para el Análisis Económico del Derecho, se considera que el derecho penal debe intervenir sólo cuando sea indispensable para la utilidad social general, por lo que se requiere de instrumentos que permitan medir su eficiencia y eficacia. La actuación policial, la amenaza de la pena y la imposición de costos altos a los delincuentes son elementos que puede utilizar el Estado por tener un menor costo social que el delito o la pérdida de la estabilidad social. Se debe evaluar qué tan eficiente es el derecho penal y a qué costo.
La asignatura pendiente la tenemos en el diseño de la política criminal que necesitamos y queremos, el derecho penal es la puerta fácil para enfrentar las críticas sobre los incrementos de la criminalidad. La solución está en entender que la delincuencia es un fenómeno que requiere de una atención profunda e integral. Es imprescindible involucrar a la sociedad, concientizándola, buscando su participación activa en el combate a la corrupción, el fortalecimiento de los cuerpos policiales y el desarrollo de una auténtica investigación científica. Solo podremos combatir la criminalidad, sociedad y gobierno, con pasos ciertos y duraderos si se apuesta a la cultura del respeto al Estado de derecho, así como al combate de la pobreza y la desigualdad social.
